El Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelar pedida por Vox que se lo incluya a los debates en medios públicos y privados de la campaña de las elecciones de Castilla y León. Así lo acuerda el alto tribunal en un auto en que acuerda que no hay lugar|sitio en la medida cautelar de la participación de Vox en los debates electorales previstos para el próximo día 31 y el 9 de febrero "para no reunir las condiciones exigidas a la ley electoral de Castilla y León, al no tener grupo parlamentario propio". La ultra derecha española presentó un recurso contra el acuerdo de la Junta Electoral Central del pasado 20 de enero, que confirmó su no inclusión en debates electorales durante esta campaña y solicitó como medida cautelar que mientras se resuelve el Tribunal Supremo, acordara su participación en estos. El Supremo, no obstante, pide a la administración electoral que asegure que las medidas compensatorias para no participar en los debates respondan a lo que establece una instrucción de la Junta Electoral de Castilla y León del 2019.

¿Por qué en Catalunya sí?

Esta establece que hay que proporcionar información compensatoria suficiente sobre los otros candidatos, respetando los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa. Una situación muy diferente de la que se dio a los debates de las últimas elecciones en Catalunya donde, el canal público TV3, incluyó Vox. La explicación que en su momento dio la misma TV3, hacía recaer la decisión en la misma Junta Electoral que ahora tiene otro criterio: "El plan|plano de cobertura de la CCMA ha previsto en esta campaña para las incluir Vox en las entrevistas, los debates y la información a los Telediarios. Incluir la extrema derecha en la cobertura ha provocado la queja del Consejo Profesional de TV3, recogiendo el malestar de los periodistas de los servicios informativos. Durante las campañas electorales, la Junta Electoral obliga los medios públicos a seguir un criterio de proporcionalidad según la representación conseguida por cada partido. Proporcionalidad ponderada siguiendo criterios periodísticos. También obliga a dar una cobertura igual o inferior a los partidos sin representación, pero que superaron el 5% de los votos en elecciones posteriores a las del Parlamento del 2017.Ara es el caso de Vox y también de Junts, que no tiene derechos, porque pertenecen al PDeCAT, pero se le reconocen como propios los resultados en las últimas elecciones". En este caso, también pusieron en el mismo saco el caso de Junts y Vox. Por otra parte, su ley se diferente que la catalana y desde aquí se amparó a que tienen grupo en el Congreso de los Diputados.

Un debate polémico en Castilla y León

La actual presidencia del PP a la comunidad de Castilla y León pretendía que el debate tan sólo se celebrara por su propio canal. Pero, finalmente, la Junta también ha dicho la suya y RTVE hará uno paralelo. En una reunión, la Junta Electoral de Castilla y León ha llegado a un acuerdo esta semana para estimar el recurso presentado por la Corporación RTVE donde se pedía organizar uno de los dos debates electorales previos a las elecciones de la comunidad el próximo domingo 13 de febrero. La Comisión de Profesionales del Periodismo en Castilla y León había asignado previamente en el medio privado Radio Televisión de Castilla y León la organización de los dos debates en que se encontrarán los principales candidatos a presidir la comunidad. En el recurso presentado por RTVE, se manifestaba que la corporación pública había presentado la mejor oferta, con la mayor difusión posible, ya que se emitiría en directo el debate en televisión, radio, web y app. Las tensiones y discordancias que se viven en la previa de estas elecciones constatan cómo, una victoria de unos u otros, puede ser la punta de lanza o dar el favoritismo hacia las próximas generales.