"Que un gobernante incumpla la ley lo desacredita para todo en su cargo", ha dicho Vox en el informe final remarcando que "no sólo gobierna para una parte de los catalanes sino para toda la ciudadanía".
"En ningún caso se puede hablar de vulneración de la libertad de expresión", ha dicho el abogado de Vox, acusación popular, Juan Cremades. Cremades también ha basado buena parte de su informe final ―igual que lo ha hecho la Fiscalía― en la competencia de la Junta Electoral Central de pedir la retirada de símbolos.
Vox también ha insistido que ha quedado acreditado que Quim Torra "no sólo no cumplió sino que se regodeó a través de la opinión pública de su incumplimiento".
El abogado de la acusación popular ha utilizado los mismos argumentos de la Fiscalía en su informe final para pedir la condena del president e incluso ha utilizado los mismos ejemplos desde el informe del síndic de greuges, renombrado por el representante de Vox como "síndico de agravios", hasta la operatividad de los Mossos al cursar la orden de retirada bajo el mando del conseller de Interior, Miquel Buch.