Si las propuestas de Vox en Castilla y León para evitar que las mujeres de esta autonomía ya han supuesto un descalabro en su relación con el PP, que se podría llegar a plantear si hacharlos del gobierno regional, sus enmiendas a la reforma de la ley del aborto que los ultras presentaron al Senado a finales de diciembre van todavía mucho más allá. Concretamente, los de Santiago Abascal se oponen a que las mujeres embarazadas puedan escoger por ellas mismas si interrumpir voluntariamente su embarazo sin contar con la opinión de su hombre. El Congreso aprobó a mediados de diciembre con 190 votos a favor esta reforma que se ha hecho desde el ministerio de Igualdad y que deroga la reforma del PP del 2015. Ahora, la ley está en el Senado donde se ha encontrado con enmiendas como estas presentadas por Vox. El PP también votó en contra porque consideraba inconstitucional la ley y Ciudadanos se opuso porque el texto considera ilegal la gestación subrogada.
Los hombres, sin opinión, según Vox
Según Vox, la ley del 2010 y el nuevo proyecto del ministerio de Irene Montero "ignoran absolutamente la figura del padre, a quien no le reconocen ninguna intervención en la decisión que podría suponer la muerte de su hijo no nacido". Yendo más allá, los ultras insisten en que la reforma "refleja perfectamente la voluntad destructiva de los principios básicos que estructuran a la civilización occidental y ataca el carácter sagrado de la vida humana y el vínculo fundamental entre un padre y un hijo". Sin llegar a prohibir que las mujeres puedan abortar sin el permiso del hombre, este es el mensaje que parece que quieren transmitir con su enmienda. Según han ido insistiendo en los últimos días los de Santiago Abascal, que han vuelto a poner el debate sobre el aborto sobre la mesa, y queda reflejado en su planteamiento en el Senado "el derecho a la vida es el más sagrado de todos", una vida que existe "desde la concepción hasta la extinción natural". Hay que recordar que los ultras votaron en contra del derecho a la eutanasia. Aunque estas enmiendas de Vox no tienen ninguna posibilidad de prosperar en el Senado, demuestran que la posición del partido contra el aborto no se limita a lo que han pedido en Castilla y León, sino que va mucho más allá.
En lo que si coinciden PP y Vox es a reclamar que vuelvan los tres días de reflexión obligatoria para poder abortar. Es decir, que la mujer comunique su deseo y después tenga que esperar tres días de "reflexión" para estar segura de su decisión sobre interrumpir el embarazo. Según los ultras, que la reforma de Irene Montero haya eliminado este requisito "en ningún caso beneficia a la mujer que aborta, sino que "los únicos beneficiarios serían los centros que practican los abortos, que verían cómo crece su lista de pacientes. Entre las 184 enmiendas que ha presentado estas últimas semanas ha presentado el PP en el Senado hay una que se pronuncia en la misma dirección, ya que reclaman que, a diferencia de lo que dice la reforma, siga apareciendo al Código Penal el delito que penalice la práctica del aborto sin que hayan pasado estos tres días o sin que el sanitario que llevará a cabo la intervención no haya informado a la mujer de sus derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad.
Ya hay fecha en el Tribunal Constitucional
La reforma del ministerio de Igualdad de Irene Montero llega a la vez que el Tribunal Constitucional ha fijado, con 13 años de retraso, fecha para el pleno para decidir sobre el recurso que el PP presentó en el 2010 a la ley del aborto del gobierno de José Luis Rodíguez Zapatero. Esta era la prioridad de la nueva mayoría progresista y el presidente Cándido Conde-Pumpido ha fijado para el 7, 8 y 9 de febrero este esperado lleno. También ha anunciado que los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de la eutanasia se abordarán solo unas semanas más tarde, el 21, 22 y 23 del mismo mes.