Vox utiliza todos los canales para evitar que el Congreso apruebe este jueves la reforma del reglamento que oficializará la equiparación del catalán, el vasco y el gallego al castellano. La formación de ultraderecha ha registrado una enmienda a la totalidad con un texto alternativo con el cual quieren cerrar el paso al uso ilimitado de las lenguas cooficiales y su idea es que en el texto se imponga el "deber" de hablar en castellano. La mayoría que permitió el inicio de la tramitación —con el PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV y BNG— hará inútil los esfuerzos de Santiago Abascal.
El grupo parlamentario de Vox quiere blindar el castellano como única lengua de uso en el Congreso y, en los argumentos que se ponen encima de la mesa en el documento, destacan que el gobierno de Pedro Sánchez "ha atacado una vez y otra el Estado de derecho, la convivencia pacífica entre españoles y la indisoluble unidad de España, vulnerando impune y constantemente la Constitución", en referencia a los indultos, la reforma del Código Penal y el acercamiento de presos de ETA. En este sentido, Vox ve la reforma del reglamento como una "imposición de los separatistas" y un "gasto innecesario" por parte del presupuesto de la cámara baja que se destina a medios personales y materiales, cifrado en 96 millones de euros. A la vez, lo interpretan como un "ejercicio de oportunismo político" por parte del PSOE, a quien recuerdan que en la anterior legislatura se opuso al uso de lenguas cooficiales votando en contra de diferentes iniciativas como la que se está tramitando.
"Lo que busca el PSOE no es la promoción de la pluralidad lingüística en España ni nada que tenga que ver con el bien común, sino mantenerse en el poder mediante concesiones a los partidos separatistas", reza el texto. La propuesta de los de Abascal es modificar el reglamento para que se incluya como "un deber de todos los diputados utilizar el castellano en el desempeño de su actividad parlamentaria". De la misma manera, los ultras se quejan de que los grupos proponientes hayan impulsado la iniciativa por la vía rápida y han elevado un escrito a la Mesa en el cual reclaman saber con concreción el coste total que implicará el despliegue de la reforma del reglamento del Congreso.
El PP se piensa si recurrir la reforma
Hasta el momento el Partido Popular esconde las cartas y se resiste a explicar qué pasos seguirá a partir de ahora. El portavoz del PP, el vasco Borja Sémper, ha asegurado este miércoles en una entrevista en Onda Cero que su grupo "analizará todas las posibilidades" para recurrir la iniciativa, que consideran un "despropósito". Los conservadores no ven nada claro que Francina Armengol permitiera este martes utilizar lenguas cooficiales cuando la reforma todavía no estaba aprobada por el pleno.