Dos años y cuatro meses después, la actuación policial que desplegó el gobierno Rajoy para desactivar el referéndum del 1-O será analizada con todo lujo de detalles en el Parlament de Catalunya. Una mayoría del pleno, la que suman Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Catalunya en Común y la CUP, ha aprobado crear una comisión de investigación "sobre la violencia institucional durante la celebración del referéndum".
Durante las próximas semanas quedará constituida y empezará a trabajar, con el objetivo de documentar todos los ejercicios de violencia que se produjeron aquel día, identificar a los responsables —también y sobre todo los políticos— de la actuación de los cuerpos policiales, hacer un balance total de daños y consecuencias y estudiar de qué manera se puede reparar a las víctimas. La investigación es fruto de una propuesta de la CUP, que la planteó ya hace meses, a la cual se han adherido los grupos independentistas y los comunes. Parte de la base que el primero de octubre Catalunya "sufrió la acción de violencia institucional de alcance colectivo más importante de los últimos 40 años en nuestro país".
1.066 personas resultaron heridas. En el aire quedan todavía grandes interrogantes en que ni el juicio en el Tribunal Supremo contra los miembros del Gobierno Puigdemont y los presidentes de la ANC y Òmnium, ni el de la Audiencia Nacional contra Trapero han podido responder. Por ejemplo, si hubo instrucciones políticas para cargar y quién las dio, o por qué a partir de una determinada hora, cuando las imágenes de la brutalidad policial ha habían dado la vuelta a Europa, se ordenó detener la actuación. La creación de la comisión sobre el 1-O coincide la misma semana que los Mossos han identificado al agente de la Policía Nacional que sacó un ojo a Roger Español con una pelota de goma —un tipo de proyectil prohibido en Catalunya.
Esta será la cuarta comisión de investigación de la legislatura. En marcha hay ahora la de los atentados del 17 de agosto y la del 155 y ya ha concluido el trabajo la del caso Castor.
El PSC riñe a los comunes
El debate previo a la votación que ha validado la activación de la comisión de investigación ha hecho saltar las habituales chispas entre Cs y PP y el independentismo y los comunes, con el PSC como espectador de lujo. Los socialistas, así como populares y Ciudadanos, se han opuesto a la comisión y no participarán. Quien ha utilizado un tono más contundente, como es habitual, ha sido el portavoz de Cs, hoy Matías Alonso. Ha calificado la iniciativa como "un paso más de la estrategia golpista que sufre Catalunya desde los tiempos de Artur Mas".
A su vez, los comunes, que se han alineado con el independentismo, han querido verbalizar los matices que los separan. El principal: que los resultados del 1-O no se pueden dar por buenos, porque "imponer la voluntad del 43% de los que participaron sería un ejercicio de dominación contrario al republicanismo". Así lo ha expresado su diputado Marc Parés. Los socialistas han reñido a los comunes por haberse sumado a la iniciativa, "asumiendo así la retórica independentista".
En nombre de la CUP, Vidal Aragonès ha argumentado que uno de los motivos que les ha movido a promover la creación de esta comisión es que "no se puede confiar en que a través del aparato judicial español se pueda tener respuesta". También ha recordado cómo hace unas semanas, desde Naciones Unidas se instó al Estado español a investigar las actuaciones del 1-O. Por su parte, Ferran Civit, de ERC, ha recordado como aunque ya han pasado más de dos años, no ha habido ninguna sanción para ninguno de los agentes que participaron en el despliegue de aquel día. Según palabras de Eduard Pujol, de JxCat, es hora de "romper el silencio y hacer aflorar todas las verdades".