El excomisario José Manuel Villarejo, que está encarcelado en Estremera, ha dado a entender en un comunicado al que ha tenido acceso El Nacional, que tiene bajo la manta a jueces, al Ibex, a ministros, al Rey, a Godó y a los Pujol, entre muchos otros. En una nota hecha pública a través de su abogado, el excomisario apunta que según como vaya su caso se pueden poner en la picota a numerosas instituciones del Estado.

Villarejo afirma que tiene grabaciones al respecto, y se queja de que las están destruyendo. "¿Qué se persigue con la ocultación y/o destrucción de una prolija documentación, incluidas microcintas de nula relevancia penal dada la antigüedad que tienen pero con interés histórico muy significativo que, aunque estaban en mi poder, eran y son patrimonio de todos los españoles? ¿Ya no interesan ni nunca interesarán interioridades sobre el 23-F, el 11-M, Filesa, las negociaciones ETA-pm, la extradición de Roldán, el caso Sogecable, el chantaje a Pedro J., el espionaje al Conde de Godó y al clan Pujol, las gestiones sobre los GAL, los pinchazos del CESID al Rey, el informe Véritas...y una larga lista imposible de resumir? ¿No son conscientes los ciudadanos todavía de que todos estos materiales incautados han desaparecido para ir a manos de Sanz Roldán [exdirector del CNI]? ¿Qué ha hecho de ellos el general cesado?, señala.

El excomisario aprovecha para acusar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su etapa de juez y lo relaciona con un caso de los GAL, la guerra sucia del gobierno de Felipe González. "Los españoles tienen que conocer, están conociendo y conocerán, que no permitirme declarar en relación con asuntos absolutamente trascendentales puede producir que prescriban algunos delitos, como el pago a un miembro de los GAL con un velero lleno de cocaína que el juez Marlaska, siendo instructor, nunca persiguió?".

Lo mismo hace con la ministra de Justicia, Margarita Robles, a quien tampoco deja bien, con la misma fórmula narrativa de hacer preguntas. "¿Es concebible en un Estado de Derecho merecedor de este nombre que una conducta tan grave como "una jueza amiga" sea la delatora que se había pinchado un teléfono en el sumario Lezo [irregularidades en el Canal de Isabel II] no sea perseguida por temor a las represalias de la todavía poderosa Margarita Robles"?.

En un aparente intento de hacer presión sobre su caso, el excomisario cree que la forma como lo trata la Justicia puede poner en riesgo grande parte de la economía española. "¿Cómo es posible que este camino suicida, irresponsable y alejado de cualquier principio elemental que tenga que ver con la impartición de Justicia ponga ahora en la picota a compañías absolutamente estratégicas como Repsol, Indra, Caixabank, Iberdrola, Santander, Grupo Planeta, Mutua Madrileña, Telefónica y que tantas otras puedan sufrir el mismo destino con alegría de la competencia extranjera y de esta extrema izquierda que atribuye al Ibex 35 más peligro que al hombre del saco? ¿También en estas casos las manos negras que están produciendo gravísimos trastornos a los intereses nacionales (sic) estirarán la manta? ¿Nuevamente con invenciones?", se pregunta hablando de supuestas conspiraciones contra él.