El gobierno no actuará ante el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum hasta que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no firme el decreto oficial, como avanzaba este viernes El Nacional. Así lo ha explicado el portavoz Íñigo Méndez de Vigo afirmando que todo gesto que "pase del anuncio a los hechos", y vaya en contra de la legalidad de la Constitución, tendrá "sus implicaciones". Es decir, la impugnación ante el Tribunal Constitucional, como ya se hizo el año 2014 cuando el expresident Artur Mas firmó la ley de consultas para el 9-N.

"Es un nuevo paso en una estrategia minoritaria, radical y que no conduce a ningún lugar, una escenificación que exhibe su soledad. Cada vez son menos, y se están quedando sólo los más radicales", dijo De Vigo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es el discurso que el Ejecutivo repite los últimos días, después de que los comuns hayan decidido no reconocer el resultado del referéndum, aunque sí llamarán a sus electores a votar el próximo 1 de octubre, bajo la pregunta anunciada: "¿Desea que Catalunya sea un Estado independiente en forma de República?".

La cuestión es que la Moncloa no quiere exhibir la imagen de fracaso en la estrategia del diálogo, y sitúa la derrota en el tejado del Govern. El portavoz ha dicho que el Pacte Nacional pel Referèndum había "fracasado", aunque sólo ha entrado en hibernación pues ahora es la Generalitat quien asume el encargo –y no los partidos. En segundo término, se ha vanagloriado del "portazo" de la Comisión de Venecia, quien emplazó a la Moncloa y al ejecutivo catalán a entenderse. Finalmente, ha hurgado en la dimisión del diputado Germà Gordó afirmando que había "tensiones" en el seno de Junts pel Sí.

La estrategia del ejecutivo de Rajoy también pasa por deslegitimar la mayoría que sustenta a la Generalitat y De Vigo ha cargado contra que el anuncio se hiciera en el Palau. "No tienen respeto a la neutralidad de la sede de todos los ciudadanos", ha lamentado porque a su parecer la voluntad del referéndum no era de "todos, sino de una posición secesionista". Más tarde ha rebajado el tono. "Hablaba de la neutralidad de los edificios públicos, es un uso de las instituciones de todos para cuestiones que sólo conciernen a algunos", se ha quejado.

¿Pero qué pasará el día 1 de octubre? Puigdemont y el vicepresident Oriol Junqueras ya han dicho que habrá referéndum, pero en la Moncloa insisten en que un acto "ilegal" no se producirá. "Defenderemos los derechos de los ciudadanos y preservaremos los de los funcionarios, que no cumplirán órdenes ilegales. Tienen que saber que el Gobierno les protegerá y estará detrás de ellos porque su deber es cumplir y hacer cumplir la ley", ha insistido el portavoz. Aquí la oferta sigue siendo la del "diálogo sin caducidad", para evitar que el decreto de convocatoria se firme, finalmente.