El Gobierno empieza a entrar en un callejón sin salida donde se resiste a asumir el fracaso de la Operación Diálogo con la Generalitat, después de que el president Carles Puigdemont decidiera plantar la VI Conferencia de presidentes autonómicos. La Moncloa reconoce "contactos" pero ningún acuerdo sobre los 46 puntos que Puigdemont presentó a su homólogo, Mariano Rajoy. Este sigue negando una negociación bilateral que incluya el derecho a decidir, mientras los diarios se llenan de noticias como el apertura de la vista en el Tribunal Supremo para el exconseller de la Presidència, Francesc Homs, por poner las urnas del 9-N.

"No hay contraposición entre ley y diálogo. La excusa del diálogo no sirve para vulnerar la ley. Todos tenemos que cumplirla", se ha defendido el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sobre si la judicialización de la política durante la legislatura anterior era lo que dificultaba en la actualidad el diálogo con la Generalitat. Rajoy desprecia así el efecto de las querellas sobre los ciudadanos independentistas y el Govern catalán, y ahora quiere que Puigdemont entre en su terreno de juego, como el resto de líderes autonómicos.

Pero si una cita puede suponer una gota de agua dulce en el mar de sal entre Madrid y Barcelona, es el encuentro pendiente que Rajoy y Puigdemont se han emplazado a tener. De Vigo niega que haya ya una fecha para esta reunión, pero afirma que "será pronto, y es bueno que así sea". Ahora bien, las aspiraciones del Govern de la Generalitat sobre el referéndum –o la negociación de una financiación bilateral con Catalunya, ajena al del resto de autonomías– no quedarán satisfechas. Lo advirtió el presidente español, que él se reúne "con quien lo quiera, cuando lo quiera" pero la tónica del Café para todos se mantiene.

La constatación de ello es que para el líder del ejecutivo del Partido Popular, "la mejor reforma de la Constitución fue la que se generó cuando la Unión Europea introdujo el euro y España lo adoptó". Palabras textuales. De esa forma, Rajoy también descarta –al igual que el soberanismo– que modificar la Carta Magna sirva para satisfacer los movimiento independentista, con otro encaje para el territorio catalán. El otro miedo subyacente del líder español es que Podemos pida un referéndum para ratificar la reforma constitucional, y éste se convierta en un plebiscito sobre su persona, como le pasó al exprimer ministro de la República italiana, Matteo Renzi.

Dentro de este periplo, todas las miradas están puestas en la vicepresidenta y ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría. El Ejecutivo popular insiste en su tarea y la coordinación de la carpeta catalana, para la que pidió ayuda a los compañeros de mesa del Consejo de Ministros. Así y todo, de los 46 puntos –el "45+1", como los llaman en Moncloa- el propio De Vigo ha reconocido que no se ha avanzado con ninguno. "No hay falta absoluta de cooperación o colaboración con la Generalitat", ha dicho, asegurando que tenía "contactos" habituales con su homóloga en Ensenyament, Meritxell Ruiz, o que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se había reunido con el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. Eso, pese a negarle nuevamente el traspaso de Rodalies, como exige Rull.

En el universo de intentos de aproximación de las partes, la Moncloa ve en el papel del vicepresident y conseller d'Economia, Oriol Junqueras, la única vía de interlocución con la Generalitat. Uno de los reproches a Puigdemont, sobre la ausencia en la conferencia autonómica, fue que su compañero del gobierno de Junts pel Sí, sí asistía a los Consejos de Política Fiscal y Financiera, exhibiendo "sintonías" con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. También, con Santamaría, de la que aseguran que tiene un contacto más habitual con Junqueras, que con Puigdemont.

Pero para congelar el escenario de la película donde el barco choca con el iceberg, en la Moncloa exigen que Puigdemont "vaya a los espacios de decisión comunes, donde van todas las autonomías, a hablar del bono social, de la financiación.." y la larga lista de acuerdos. Es decir, que acepte que el diálogo que quiere Rajoy no "es contrapuesto" a la vía judicial, porque en el fondo, la oferta para Catalunya se diferencia del resto de comunidades en poco. Y por si no acude, también hay contraargumento al respecto: "Que el gobierno de la nación vela por todos, y los catalanes no están desamparados", como la vicepresidenta afirma.