La Associació Víctimes de la DANA 29 d’octubre del 2024 y la Associació de Víctimes Mortals 29-O han emitido este sábado un comunicado conjunto en el que exigen la renuncia inmediata de Carlos Mazón como diputado y avisan que no se plantearán ninguna reunión con el actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mientras este gesto no se materialice. Su indignación ha estallado después de que hayan salido a la luz mensajes de WhatsApp y conversaciones del día de la tragedia donde murieron 229 personas en València mantenidas por la exconsellera y actual imputada Salomé Pradas con Mazón y con su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca. Las dos entidades consideran que estos mensajes “confirman lo que durante un año se nos negó: sí que tenían la información y conocían la alerta hidrológica; ocultaron o negaron la información de riesgo; Mazón fue informado y no actuó con la urgencia que exigía la situación”. “Nos han mentido durante meses”, denuncian.

Las dos asociaciones han cargado duramente contra la actitud “potencialmente letal” del jefe de gabinete de Mazón y contra el contenido de los mensajes revelados este viernes, donde se leían instrucciones como “calma” o “no confinar”. Consideran que estas órdenes contribuyeron directamente a “frenar el envío de avisos masivos que podrían haber alertado a la población con tiempo” y, por tanto, **podrían haber evitado muertes**. Además, denuncian que los mensajes confirman que “Mazón estaba informado y no modificó su agenda”, a pesar de la gravedad de la alerta. También tildan el comportamiento institucional de “infamia hacia las personas que murieron y hacia sus familias”, y advierten de que no permitirán que se continúen encubriendo responsabilidades “con eufemismos” ni que se intente “normalizar la negligencia” que, a su parecer, costó vidas.

Por todo ello, las asociaciones exigen que Mazón entregue inmediatamente el acta de diputado y consideran que, mientras esto no ocurra, no se puede valorar ningún tipo de encuentro con Pérez Llorca. Rechazan cualquier gesto de diálogo o reconciliación institucional que no vaya precedido de este paso, que consideran imprescindible para depurar responsabilidades políticas. Además, reclaman una “ruptura absoluta con la narrativa de defensa del Consell mantenida durante este año”, ya que denuncian que la sociedad “no acepta que durante un año se haya sostenido una versión oficial que las pruebas ahora desmienten”. Por ello, también exigen “la destitución política de todas las personas que han sostenido y repetido una explicación que las pruebas contradicen”, y citan explícitamente a los consejeros Susana Camarero, José Antonio Rovira y Miguel Barrachina, a quienes acusan de haber participado activamente en este relato.