El año no empieza demasiado bien para el juez Carlos Antonio Vegas que, tras el perfil de Twitter Randy Watson con el usuario @EstadoCharnego, se ha dedicado a tuitear los últimos años contra el independentismo y contra los políticos independentistas. Después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió, a petición de la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, enviar el caso de este juez al Promotor de la Acción Disciplinaria, ahora ha sido la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) quien ha aceptado una recusación contra él ante las dudas sobre su imparcialidad provocadas por su actividad en Twitter.

La recusación fue presentada por la periodista Pilar Rahola en el caso que se sigue por su despido de La Vanguardia. Aunque finalmente el despido se ha cerrado con un acuerdo amistoso, el procedimiento judicial ha caído en el juzgado de lo Social número 1, que tiene como titular a Carlos Antonio Vegas. La periodista presentó un incidente de recusación contra el magistrado alegando dos causas previstas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como "son enemistados manifiesta" y "tener interés directo o indirecto en el pleito o causa".

Admite que es el autor

El juez Carlos Antonio Vegas ha admitido ser el autors de los tuits pero se ha defendido de la recusación con un informe en que asegura que la cuenta de Twitter @EstadoCharnego es "una cuenta personal, no profesional, en la que escribe con seudónimo, pero que nunca ha sido anónima, que en ningún momento ha escondido su nombre y circunstancias, pero que tampoco ha hecho ostentación de las mismas".

El magistrado argumenta en el informe que sus tuits son sobre temática diversa y que muchos tienen "humor", que "se puede calificar como ácido" en algunas ocasiones. Precisamente, los tuits que publicó a raíz de la sentencia del Supremo sobre el uso del 25% de castellano en las escuelas de Catalunya provocó hace unas semanas que su cuenta volviera a atizar la polémica. En aquellas publicaciones de finales de noviembre, además, apostó por desestimar cualquier petición de la Generalitat ante la justicia, "tenga razón o no".

Instructora y fiscalía, a favor de la recusación

A pesar de las explicaciones ofrecidas por el juez Carlos Antonio Vegas, tanto la magistrada instructora del caso como el fiscal se han mostrado favorables a la recusación admitiendo la existencia del supuesto de enemistad manifiesta.

El auto del tribunal, recogiendo los argumentos de la instructora, ha identificado tuits del juez desde el 2014 contra la periodista pero también contra el movimiento independentista catalán en que se equipara a sus líderes con ideologías y regímenes totalitarios.

El escrito subraya "la reiteración en el tiempo, el contenido y el tono de los tuits escritos por el magistrado recusado (que van más allá de la mera crítica o discrepancia), con claras connotaciones despreciativas o peyorativas, hacia la ideología y el movimiento independentista catalán y, especialmente, a la señora Rahola, como persona muy significada dentro del citado movimiento".

Dudas sobre la imparcialidad

Todo ello, según el texto, "puede sembrar dudas objetivamente justificadas, sobre la imparcialidad del citado magistrado, cuando menos en términos de apariencia". Asimismo, se añade que esta situación origina, para la periodista, "una duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevención en el órgano judicial hacia su persona, que empañan la garantía de imparcialidad." El tribunal hace esta puntualización, especialmente teniendo en cuenta que, en el procedimiento de Rahola contra La Vanguardia "la ideología independentista de la demandante es relevante", dado que es una de las razones que señala para impugnar el despido.

La conclusión final es que la sala acuerda el apartamento definitivo del magistrado de la causa de Rahola, en una resolución en que no hay posibilidad de recurso en contra.

Los tuits de este juez provocaron también que a principios de diciembre la consellera de Justicia reclamara por carta la intervención del presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lemes; del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, y del Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres Santos. Finalmente, Lesmes respondió a Ciuró que el 16 de diciembre la Comisión Permanente del CGPJ acordó trasladar su queja al Promotor de la Acción Disciplinaria, "a los efectos a que pueda dar lugar".

 

En la imagen principal, la fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya / Europa Press