El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado hoy que la condena de inhabilitación al expresident de Catalunya Artur Mas y a dos exconselleres de su gobierno por la consulta del 9-N es "la culminación de un despropósito".

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condenado a dos años de inhabilitación a Mas por un delito de desobediencia y a un año y nueve meses la exvicepresidenta Joana Ortega, así como un año y medio a la exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau.

El lehendakari ha expresado su solidaridad con los tres cargos inhabilitados, especialmente con Mas, que "merece" su "respeto y consideración como responsable político e institucional de referencia del pueblo catalán".

"Ninguna inhabilitación impedirá que el pueblo catalán pueda seguir expresando, en libertad y de forma mayoritaria, sus ideas y aspiraciones políticas, ni tampoco impedirá la demanda del pueblo catalán de poder decidir su futuro", ha escrito Urkullu en un artículo publicado en su cuenta de Facebook.

Ha defendido que la judicialización de la política no solucionará "una cuestión de naturaleza política" y que en el caso catalán "corresponde" a los cargos políticos e institucionales "dar curso de solución a las demandas de la ciudadanía".

El lehendakari ha emplazado además al Estado a que "tome conciencia de su propia realidad plurinacional" y a que "actúe en consecuencia", a la hora que ha advertido que "la vía de la negación, la imposición y el recurso judicial permanente está alejando cualquier vía de solución".

Ha reclamado por eso un "acercamiento institucional y político que propicie "el diálogo y la negociación como herramienta para resolver este problema desde las vías que ofrece la democracia".