La instrucción penal contra la presidenta del Parlament Laura Borràs continúa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El magistrado instructor del caso, Jordi Seguí, ha aceptado la petición de uno de los cuatro imputados para declarar ahora como investigado. Será el primero que lo hace en el TSJC, con la instrucción a punto de cerrarse. Se trata de Roger Espar, que era técnico de gestión administrativa a la Institució de las Lletres Catalanes (ILC) del 2013 en el 2016, cuando Borràs era la directora y a quien la fiscalía acusa de conceder contratos fraccionados a su amigo Isaíes Herrero. La declaración se ha programado para el próximo 24 de mayo. El abril pasado, el juez Seguí revocó su resolución del mes anterior, en la cual daba por cerrada la investigación del caso de la ILC, a petición de las defensas y de la fiscalía, ya que faltaba incorporar documentación de la causa iniciada en el juzgado de instrucción 9 de Barcelona y también del Supremo, donde se derivó la investigación cuando Borràs era diputada en el Congreso por JuntsxCat. Esta nueva diligencia implica el retraso del procesamiento de la presidenta para llevarla a juicio.

En la resolución del marzo pasado, el juez del TSJC afirmaba que Borràs "abusó de su cargo" y concedió a su amigo Herrero contratos menores (de 18.000 euros) para actualizar la web de la ILC. Añadía que hay indicios para juzgar a los cuatro acusados por el delito continuado de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos. El total de los fondos malversados se sitúan en unos 309.000 euros. El cuarto acusado es un amigo de Herrero,  Andreu P.M, a quien se acusa de hacer facturas falsas. La fiscalía acusa a Espar de haber ayudado a Herrero, a petición de Borràs, para presentar la documentación de los contratos, aunque se aclara que no tenía funciones de contratación. En este sentido, el investigado también ha pedido que declare como testigo  el jefe de contratación del Departament de Cultura, aprobado por el juez para el mismo día que Espar.

Herrero condenado

Además de la declaración, el juez del TSJC, a petición de la fiscal Assumpta Pujol, incorporará en la causa de la Institució de las Lletres Catalanes la sentencia de la Audiencia de Barcelona de 25 de noviembre de 2019, que recoge la condena de cinco años de prisión que aceptó Isaíes Herrero y otro procesado por los delitos de falsedad de monedas, contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Las defensas pidieron la suspensión de la ejecución de la pena. La fiscal también pide que la Guardia Civil aporte todos los clonados realizados en casa de Herrero.

Por su parte, la defensa de Herrero ha pedido que se incorpore el informe de 2/2020 de la Sindicatura de Cuentas de Catalunya sobre la Institución de las Letras Catalanas del ejercicio del 2018, que se incorporó al Tribunal Supremo, porque no está completo. La defensa de Borràs, ejercida por el penalista Gonzalo Boye, no ha solicitado ninguna prueba nueva ni su declaración, como le proponía el juez ante su queja que se la criminaliza antes de juzgarla y porque se acogió a su derecho a no declarar en el Supremo.