La Unión Progresista de Fiscales ha manifestado este miércoles su apoyo a una petición de indulto para Álvaro García Ortiz, el ya exfiscal general condenado por el Tribunal Supremo a una inhabilitación especial para el cargo de dos años. "Defendemos y defenderemos su inocencia en todos los foros", señala la asociación que fue presidida por el propio García Ortiz. “Es por ello que apoyamos y llamamos a la ciudadanía a apoyar esta iniciativa”, añade la Unión Progresista de Fiscales en una publicación en su cuenta de Twitter (X). La petición de indulto, registrada en change.org, la ha impulsado la Asociación Española por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH).
La petición de indulto por parte de la Unión Progresista de Fiscales llega el mismo día que el Tribunal Supremo ha dictado resolución de ejecución de la sentencia de la sala penal del pasado 9 de diciembre que condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y una indemnización de 10.000 euros para Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El alto tribunal insta al ex fiscal general a abonar la multa y la indemnización por un delito de revelación de datos reservados. La resolución también establece que se devuelven los objetos intervenidos en la causa.
Condenado por la filtración a la prensa de la confesión de la pareja de Ayuso
La mayoría conservadora del Tribunal Supremo consideró probado que “fue el entonces fiscal general, o una persona de su entorno y con su conocimiento, quien filtró” a un grupo de periodistas el correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso admitía haber cometido un delito de evasión de impuestos. Desde el estallido del caso y en el juicio, García Ortiz asumió toda responsabilidad y también que ordenó hacer una nota para desmentir lo que decían una parte de diarios madrileños, que era la Fiscalía quien proponía un acuerdo y al saber que era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Fiscalía General lo había parado. Ahora bien, negó haber filtrado el correo.
El tribunal manifestaba que "el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", y destacaba que sobre él pesaba un reforzado deber de reserva que infringió sin justificación. La resolución incluía el voto particular de las dos magistradas progresistas del tribunal, Ana María Ferrer García y Susana Polo, que propugnan la absolución por no considerar probado que García Ortiz filtrara el correo y no ver delito en la difusión de la nota informativa.