El presidente en el exilio, Carles Puigdemont, ha hablado este domingo sobre cuál es la única vía que queda para conseguir una Catalunya libre. Lo ha hecho a través de las redes sociales, donde ha compartido una imagen con un claro mensaje: "No hay ninguna alternativa para la supervivencia de Catalunya como país, como nación, como lengua minoritaria, como economía que tener un estado independiente". Puigdemont ha remarcado así que seguirá luchando por la autodeterminación de Catalunya porque "no hay alternativa".

De hecho, el presidente en el exilio ya aseguró que hay que seguir trabajando para conseguir la independencia de Catalunya al conocer la decisión del Supremo de mantener la inhabilitación a los condenados por el referéndum del 1-O después de la reforma del Código Penal, pactada entre el Gobierno y ERC. En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, Puigdemont lamentó que "el Estado siempre se activa cuando alguien de ellos tiene la tentación de salir del guion, ya sea por un Estatuto, ya sea por un Código Penal." Ante eso, el eurodiputado aseguró que "si la injusticia persiste, nosotros también".

Asimismo, este viernes, Puigdemont también denunció una "pura persecución ideológica" de la Fiscalía a Josep Maria Jové y años a Lluís Salvadó, a los cuales ha pedido siete y seis años, respectivamente, por malversación agravada durante el referéndum del 1-O. El presidente en el exilio y eurodiputado aseguró que todo el mundo sabe que se está persiguiendo una forma de pensar, "incluso los que se lo miran de perfil o lo justifican". Según Puigdemont, eso certifica que la represión "continúa desatada contra el independentismo". En total, la fiscalía solicita siete años de prisión y 32 años de inhabilitación para Josep Maria Jové, y seis años y tres meses de prisión y 27 años y tres meses de inhabilitación para Lluís Salvadó y un año de inhabilitación para Natàlia Garriga.

La situación de Puigdemont

Después de que el juez Pablo Llarena haya presentado un escrito de acusaciones en que atribuye delitos de desobediencia y malversación para el presidente exiliado y los consellers Lluís Puig y Toni Comín, el caso de Puigdemont y el resto de exiliados se encuentra pendiente de calificación. Con respecto a Clara Ponsatí y Marta Rovira, en cambio, Llarena solo les atribuye delitos de desobediencia, mientras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido que se les aplique también el delito de desórdenes públicos agravados.