El juicio al procés tiene el foco en el Tribunal Supremo, pero el epicentro del terremoto viene del juzgado número 13 de Barcelona. Allí es donde hace ya dos años empezó una investigación plagada de irregularidades y pilotada por la Guardia Civil que motivó, entre otros los famosos registros del 20-S. Este juzgado investiga a más de cuarenta personas vinculadas de una u otra manera a la administración pública. Dos de ellos, los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo. Se les acusa de desobediencia por haber emitido publicidad del 1-O.

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Las declaraciones de ambos se han hecho a puerta cerrada este viernes por la tarde. Los dos han respondido a las preguntas de la fiscalía y de sus abogados, Olga Tubau ―la misma que lleva a Trapero― y Carles Monguilod. No lo han hecho, en cambio, a las de la acusación popular, que por si había dudas, también ejerce Vox.

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Los dos directores de la radio y la televisión pública de Catalunya han negado la desobediencia. Y segundos ha explicado a la salida uno de sus letrados, una de las pruebas principales es el organigrama de TV3 y Catalunya Ràdio, donde se evidencia que la competencia de decidir sobre qué publicidad se emite ―y por extensión cuál se retira― no recae en la figura del director, sino del director de marketing. En este sentido han señalado que en ningún caso la persona competente recibió ningún requerimiento del Tribunal Constitucional, ni mucho menos ha sido llamada a declarar en esta causa.

A pesar de todo, Sanchis ha preferido mostrarse prudente, asegurando que "esto es como un guiso, tú vas añadiendo ingredientes y no sabes bien cómo quedará". 

El censo, el origen de la tromba judicial

Así mismo, esta tarda ha comparecido, también como imputada por desobediencia, la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. En su caso, la acusan de haber cedido datos para el censo del 1-O. Maria Àngels Barbarà ha negado haber cometido delito alguno. 

De hecho, es en relación al censo que se origina toda esta tromba judicial. A raíz de unas declaraciones del exjuez y exsenador Santi Vidal, donde aseguraba que la Generalitat había obtenido ―irregularmente― los datos de la ciudadanía. 

Antes de ellos, el juzgado ha tomado declaración a un testigo, extrabajador del Idescat. 

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