Contundente respuesta del secretario general de Junts, Jordi Turull, a Manuel Marchena, el juez del Tribunal Supremo que condujo el juicio del procés. Hasta diciembre fue el presidente de la sala del penal del Tribunal Supremo, pero, ahora, presenta un libro con el nombre La justicia amenazada. Por este motivo, el diario El Mundo lo ha entrevistado, desde donde ha acusado a algunos diputados del Congreso "de haber una legión de aforados a quien el aroma de privilegio es muy intenso". Años después el tribunal liderado por Marchena condenara a Turull a 12 años de prisión y sedición por la causa del procés, el secretario general juntaire le ha respondido: "Y en la cúpula judicial hay una legión de justicieros y fanáticos políticos que apestan a prevaricación total como para hablar de aromas de privilegios. Y algunos lo encarnan a la perfección".

Turull considera que la cúpula judicial prevarica al no aplicar la ley de amnistía, que fue aprobada hace más de un año al Congreso de los Diputados y que tendría que permitir borrar del mapa todas las causas relacionadas con procés. Sin embargo, durante la entrevista, Manuel Marchena ha asegurado que la tendencia del poder político "a controlar a los jueces" forma parte de la historia, pero que últimamente "vivimos episodios de especial gravedad", aunque, no solo al Estado español. De hecho, Marchena ha hecho una comparativa entre el Gobierno liderado por Pedro Sánchez con las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su enfrentamiento contra los jueces "que está marcando un hito histórico en los Estados Unidos", y que según ha reflexionado es "fiel reflejo" de lo que pasa "cuando el populismo se enfrenta a cualquier intento de control".

El magistrado del Tribunal Supremo ha avisado de que la sociedad española "se está familiarizando con una normalidad que es patológica" en relación con los ataques a los jueces "incorporados y todo a acuerdos políticos que hablan de lawfare, que según el juez "tienen un efecto demoledor en la credibilidad de la justicia" y pone "en riesgo la paz social si la sociedad no confía en los jueces y empieza a creer que los conflictos jurídicos pueden resolverse mejor en las redes sociales o a puñetazos".