Tsunami Democràtic ha roto el silencio después de casi ocho meses y lo ha hecho dos días después de que el juzgado de instrucción número 4 de Figueres haya citado a declarar a 196 investigados por el corte que bloqueó la frontera los días 11 y 12 de noviembre del 2019 en protesta por la sentencia al procés. El juez los acusa de presuntos delitos de desórdenes públicos y daños.
Tsunami Democràtic, en un mensaje a Telegram, ofrece su apoyo económico y técnico a las personas que están siendo investigadas o hayan sido denunciadas o sancionadas a consecuencia de las acciones que han convocado. Por eso, Tsunami facilita una dirección de correo electrónico al que se pueden dirigir las personas interesadas.
Más de 300 personas implicadas
De momento se han citado a declarar 196 personas, pero podrían haber más. Según Alerta Solidària, habría hasta 300 personas implicadas en las movilizaciones que están bajo investigación, pero muchas todavía lo desconocen. Por ello, desde Alerta Solidaria también hacen un llamamiento a todas las personas que hayan recibido o puedan recibir en las próximas semanas una comunicación de los juzgados o de los cuerpos policiales para que se pongan en contacto con la organización.
📢Fem una crida a totes les persones que hagin rebut o puguin rebre en les properes setmanes una comunicació dels jutjats o dels cossos policials perquè es posin en contacte amb nosaltres.
— Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) July 24, 2020
La via és fàcil mitjançant el correu: «alerta@alerta.cat»
Delitos de desórdenes públicos y daños
Este miércoles, el juzgado de instrucción número 4 de Figueres citó a declarar a 196 investigados por el corte del Tsunami Democràtic que bloqueó la frontera los días 11 y 12 de noviembre de 2019, acusados de presuntos delitos de desórdenes públicos y daños. De este modo, el juez levantó el secreto de sumario de la causa, después de que la Guardia Civil ya citara a declarar a varios manifestantes.
Corte en la Junquera convocado por Tsunami Democràtic. / Guillermo Marto
El auto señala que los manifestantes cortaron la AP-7 "para interrumpir la libre circulación de personas y mercancías", que montaron "barricadas" sobre la calzada y que también instalaron un escenario. De momento, no pone fecha para las declaraciones, aunque el auto sí precisa que se les imputan delitos de desórdenes públicos y daños. El juzgado también incorpora a la causa las denuncias cruzadas entre un manifestante y un mozo de escuadra.