El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) no ha aceptado la petición de la Fiscalía en que le pide 30 días más para poder presentar el escrito de acusación de los republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por la organización del 1-O, como le solicitó a mediados de enero. Le ha concedido 10 días, y el plazo finaliza el próximo 3 de febrero. El tribunal asegura que no hace falta tanto tiempo para unificar criterio sobre la reforma del Código Penal, según han informado ElNacional.cat fuentes conocedoras del caso. Precisamente, este miércoles el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho pública la orden para unificar criterio en la interpretación de la malversación. Su interpretación es contraria a la del legislador -en este caso, ERC y el PSOE- y sostiene que se puede acusar de malversación agravada sin que haya un enriquecimiento personal o ánimo de lucro.
El teniente fiscal Pedro Ariche, que lleva la causa de Jové y Salvadó, dirigió esta petición al tribunal de enjuiciamiento formado por los magistrados Fernando Lacaba y Carlos Ramos y el presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos. Y a finales de la semana que viene tendrá que presentar el escrito de acusación y las penas que les solicita. El diputado de ERC, Josep Maria Salvadó, y el actual presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, fueron procesados por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y revelación de secretos por la organización del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya del 2017. Su juicio se ha retrasado porque a su causa se unió el procesamiento de Natalia Garriga, al ser nombrada consellera de Cultura. Garriga está procesada por desobediencia grave a autoridad judicial, que implica la pena de inhabilitación a cargo público.
La reforma de la malversación rota
ERC presionó al PSOE para reformar el delito de malversación -en el cual se separa la apropiación indebida de la administración desleal, que el PP unió en la reforma del 2015- especialmente para intentar reducir la condena a los exaltos cargos políticos y técnicos que continúan pendiente de juicio por el 1-O. Son Jové i Salvadó y también una veintena de cargos, que son acusados de malversación en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, y una decena que son investigados en el juzgado de instrucción 18 de Barcelona sobre el gasto exterior.
La reforma penal castiga la administración desleal en el nuevo delito 433 del Código Penal, el cual propone de 1 a 4 años de prisión, para el funcionario o cargo público que destine un gasto a una finalidad no justificada. El delito de malversación (art.432) castiga la apropiación indebida de fondos públicos con 8 años de prisión, que se puede elevar a 12 años de prisión si el dinero malversado supera los 250.000 euros. Con la circular de la FGE, es bien factible que la Fiscalía Superior de Catalunya acuse de malversación grave a Jové i Salvadó, y habrá que ver la agravante que le aplica por la cantidad.
El gasto global del 1-O es de 1,6 millones, según la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, la cual descuenta 1 millón de euros que se comprometieron por las cartas censales del 1-O, pero que al final no se pagaron a Unipost. No obstante, en la vía penal, se castiga quien hace una disposición no adecuada, aunque no se llegue a pagar. Por eso, la magistrada del juzgado de instrucción 13 de Barcelona cifró en 5,2 millones de euros la malversación del 1-O, aunque hay partidas duplicadas en el Tribunal de Cuentas, como denuncian las defensas de los encausados. A Jové y Salvadó se les imputa el gasto que se realizó desde los departamentos que dirigían de Economía y Hacienda.