Junts per Catalunya remacha el clavo contra las ocupaciones. El partido ha presentado este jueves una triple ofensiva contra aquellos casos en que se den ocupaciones "delincuenciales y conflictivas" con el fin de salir en defensa de las comunidades vecinales afectadas. En un ademán de escena desde Montjuïc, con la ciudad de Barcelona detrás, han comparecido varias figuras de la plana mayor de Junts en las instituciones: la exconsellera Lourdes Ciuró, la portavoz en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, la diputada en el Parlament Glòria Freixa y la presidenta del Grupo Municipal en Barcelona, Neus Munté, han anunciado cuáles son las medidas que llevarán para hacer frente a estas ocupaciones a través de las administraciones, con iniciativas en el Ayuntamiento de la capital catalana, el Parlament, y el Congreso y el Senado.
Y es que, según han afirmado las cuatro, se trata de una problemática real que afecta muchos pueblos y ciudades del territorio. "Es una auténtica lacra que causa graves problemas de convivencia, ocasiona inseguridad y alarma social", ha dicho Ciuró, reiterando que esta ofensiva hace referencia a las ocupaciones "sin título habilitante y que hacen que el uso anormal de la finca cause problemas de convivencia". Las representantes han denunciado que las mafias ilegales se aprovechan del contexto legislativo actual, y también han señalado que la mayoría de casos en que hay esta conflictividad son porque los titulares de las viviendas son "grandes tenedores, especuladores y bancos" que no se encargan de asegurar el mantenimiento de las fincas.
Triple frente con sanciones de hasta 90.000 euros
Glòria Freixa se ha encargado de explicar el frente abierto en el Parlament. Y es que el grupo presentará la próxima semana una iniciativa para modificar la ley de la vivienda, concretamente el artículo 5, en que se indica en qué casos se incumple la función social de la propiedad. Junts quiere que los casos en que una ocupación altere "gravemente" la convivencia con los vecinos y el propietario no actúe, se entenderá como una "función anómala de la vivienda". En estos casos, se darán herramientas a los Ayuntamientos y a las comunidades de vecinos para que puedan iniciar los trámites de desocupación si no lo hacen los titulares de la vivienda, y de hecho se impondrán sanciones de hasta 90.000 euros para los bancos y fondos buitres que no actúen cuando tengan fincas ocupas. El grupo parlamentario confía reunir el apoyo de la mayoría de la cámara, después de haber constatado "mucha aceptación" en las primeras conversaciones, y Freixa ha criticado que el Govern de ERC haya abandonado la iniciativa que ya promovió Junts cuando estaba en el ejecutivo.
Por su parte, Míriam Nogueras ha explicado que, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, el partido llevará una propuesta para modificar la ley de enjuiciamiento criminal que pretende incluir medidas cautelares para "acabar con las ocupaciones delincuenciales y conflictivas en un plazo máximo de 48 horas". Nogueras ha lamentado la obligación de actuar en el marco de la legislación española. "Si tuviéramos la capacidad de herramientas desde Catalunya, ya lo habríamos resuelto", ha asegurado, "pero la ley española se tiene que resolver en el Congreso". Ella también se ha mostrado optimista a la hora de reunir apoyos en esta materia, recordando que en el pasado el PSOE, Podemos y ERC vetaron la propuesta.
Y la líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona ha remarcado que la capital catalana es el principal núcleo en que se producen ocupaciones, cosa que convierte la seguridad en la principal preocupación de los vecinos. Junts, ha dicho, ya ha trabajado activamente en el pasado en esta materia, y ha reivindicado que "se puede hacer mucho más en Barcelona para luchar contra esto que permite el tándem Colau-Collboni". En el ámbito municipal, las iniciativas no serán legislativas, pero sí que buscan reunir acuerdos para reclamar en la Fiscalía Superior de Catalunya que trabaje "de manera más decidida" contra las ocupaciones delincuenciales y conflictivas, dictando instrucciones específicas. Además, Munté ha instado el gobierno de Ada Colau a elaborar un censo de las ocupaciones problemáticas en la ciudad, así como un plan integral de seguridad contra mafias y grupos organizados. "Los vecinos tiran un SOS, es nuestra obligación política y moral dar respuesta", ha advertido.