La sesión de control al Govern ha estado marcada por la trifulca entre Ciudadanos y el Govern por la ley que obliga a rotular los comercios en catalán. El diputado de Ciudadanos, Joan Garcia, ha acusado al Govern de obligar a los autónomos propietarios de negocios a “trabajar para pagar un impuesto ideológico, imponiéndoles cargas económicas injustas e innecesarias”.
Garcia ha apuntado que las sanciones lingüísticas a los comercios aumentaron un 173% en el 2015 y ha asegurado que “la Agència Catalana de Consum está más preocupada por si se rotula en catalán que por comprobar que los comercios atienden correctamente a los consumidores”.
El conseller de Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha contestado incisivamente a las acusaciones de Ciudadanos y ha avanzado que el Govern seguirá aplicando la misma ley que garantiza, también, los derechos lingüísticos de los consumidores. Dicho esto, el conseller ha acusado al partido naranja de despreocuparse del cumplimiento de la ley y ha dicho que “lo único que les importa es separar a la sociedad en función de la lengua que hablan los ciudadanos. Ustedes nacieron sólo para eso”, ha remachado el conseller.
La CUP y el lenguaje bélico
Por su parte, la diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha irritado profundamente al conseller de Interior, Carles Mundó, al describir el DERC –una tipología de régimen de aislamiento de los presos– como “un espacio sistemático de tortura”.
Mundó ha pedido respeto para los funcionarios de prisiones: “Me parece una afirmación muy gruesa y fuera de la realidad. Aparte de injusta para los profesionales que trabajan en el sistema penitenciario”.
CSQP y la renta mínima de inserción
Marta Ribas, diputada del grupo parlamentario CSQP, ha reprochado al Govern que no garanticen la renta mínima de inserción como un derecho universal y que, a pesar de haber hecho bandera “para marcar perfil con el govern de Artur Mas”, ahora condicionen este derecho a los presupuestos u otras cuestiones.
Marta Ribas (CSQP) interviene en el pleno
La consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, ha apuntado que “ella no ha prometido nunca nada” y, en todo caso, ha dicho que la intención de la conselleria es que sea un “derecho universal pero sostenible económicamente”.
La consellera Dolors Bassa contesta a Marta Ribas