Margarita Mariscal de Gante, exministra del Gobierno de José María Aznar, tiene ya los días contados en el Tribunal de Cuentas, según se desprende del acuerdo a que llegaron PSOE y PP para renovar los órganos constitucionales. No obstante, antes de abandonar el Tribunal, Mariscal de Gante no ha desperdiciado la ocasión de dar por cerrada la instrucción de la causa contra el referéndum del 2017. Ayer notificó la apertura del procedimiento jurisdiccional de esta la macrocausa que incluye los gastos del 1-O y la política exterior del Govern entre el 2011 y el 2017 y donde están investigados dos presidents y un vicepresident de la Generalitat, 16 consellers y 34 ex altos cargos. En total, 54 ex miembros del Govern.

Mariscal de Gante ha sido la responsable de los dos procesos abiertos a la Generalitat, primero contra la consulta del 9-N -que ya ha sido juzgado y condenado- y después contra el 1-O. En este segundo caso investiga tanto los "gastos y pagos del referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017" y com el "destino dado a los recursos asignados a la ejecución de políticas de la acción exterior" entre los años 2011 y 2017. Con la resolución de comunicada ayer la exministra ha dado por cerrada la fase de instrucción que había quedado en manos de una muy discutida delegada instructora, Esperanza García

Las dos carpetas del 1-O incluyeron ya las liquidaciones provisionales de 4,1 millones en enero del 2020 y de 5,4 millones de junio del 2021. Ante esta segunda liquidación, en junio del 2021 el Govern aprobó un Fondo Complementario de Riesgos para cubrir los avales y evitar el embargo de los encausados. Aunque el ejecutivo español no recurrió aquel Fondo, el Tribunal de Cuentas no aceptó los avales del ICF para cubrir las fianzas y tiene que resolver todavía los recursos presentados ante este rechazo.

Los 54 cargos encausados

Con la providencia de ayer de Mariscal de Gante, el Tribunal de Cuentas ha comunicado la apertura del procedimiento jurisdiccional contra dos presidents de la Generalitat, Artur Mas y Carles Puigdemont; el vicepresident Oriol Junqueras; 16 consellers, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Toni Comín, Joaquim Forn, Natàlia Garriga (por su responsabilidad como directora de servicios de vicepresidencia entre 2016-2018), Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Carles Mundó, Neus Munté, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Raül Romeva, Josep Rull, Meritxell Serret, Jordi Turull y Santi Vila.

Por lo que respecta a los altos cargos que han sido notificados son 34: Roger Albiniana (secretario de Afers Exteriors del 2013 al 2016) Amadeu Altafaj (delegado de la Generalitat en la Unió Europea del 2015 al 2017), Martí Anglada (delegado de la Generalitat en Francia del 2014 al 2017), Maria Badia (secretaria de Afers Exteriors del 2016 al 2017), Luca Bellizzi Cerri (delegado de la Generalitat en Italia), Luis Bertran (secretario general de Governació i Relacions Institucionals del 2012 al 2015), Albert Carreras (secretario general de Economia i Coneixement del 2010 al 2016), Adam Casals (delegado de la Generalitat en Austria del 2015 al 2017), Ewa Adela Cylwik (delegada de la Generalitat en Polonia el 2017), Ramón Font (delegado de la Generalitat en Portugal del 2015 al 2017), Ignasi Genovés (director general de Difusió), Josep Ginesta (secretario general de Treball 2016-2020), Francesca Guardiola (delegada de la Generalitat en los Países Nórdicos del 2017 al 2021), Erick Hauck (delegado de la Generalitat en Croàcia), Josep Maria Jové (secretario general de Economia i Hisenda 2017-2017), Marie Katinka (delegada de la Generalitat en Alemania), Manuel Manonelles (delegado de la Generalitat en Suiza del 2017 al 2020), Sergi Marcén (delegado del Govern en el Reino Unido e Irlanda desde el 2016), David Mascort (secretario general de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació des del 2016), Jaume Mestre (responsable de difusió institucional 2016-2021), Toni Molons (secretario de Difusió i Atenció Ciutadana 2017-2018), Joaquim Nin (secretario general de la Presidència del 2016 al 2018), Mar Ortega (delegada de la Generalitat del 2012 al 2015), Teresa Prohias (directora de Serveis de Presidència 2017), Pere Puig (delegat de la Generalitat a la Unió Europea), Albert Royo (secretari general del Diplocat del 2013 al 2017), Andrew Scott Davis (delegat de la Generalitat als Estats Units del 2008 al 2018), Jordi Solé (secretari d'Afers Exteriors el 2016), Josep M. Suárez (delegat de la Generalitat al Regne Unit del 2010 al 2016), Francesc Sutrias (director general de Patrimoni 2016-2017), Mireia Vidal (interventora de la Generalitat del 2011 al 2016), Rosa Vidal (interventora de la Generalitat del 2016 al 2020), Jordi Vilajoana (secretario general de la Presidència del 2013 al 2016) i Aleix Villatoro (secretario general de Afers Exteriors del 2016 al 2021).

También hay incluida en esta causa una persona que no ha formado parte del Govern, se trata de Chantal Olivé Tena, que figura como heredera de Maryse Olivé, que fue delegada de la Generalitat en Francia del 2012 en el 2014 y murió en el 2017.

El procedimiento se ha comunicado a todas las partes, incluído el Govern y el Diplocat, así como a las entidades personadas, Sociedad Civil Catalana y Abogados por la Constitución, a fin de que se personen en un plazo de nueve días.

Ratificado en el Senado

Este martes el pleno del Senado ha aprobado de manera definitiva el nombramiento de los seis consejeros del Tribunal de Cuentas, pactados entre PSOE y PP, que corresponde escoger a la Cámara Alta. La votación se ha hecho con urna, y los candidatos han recibido 212 votos a favor. Los grupos independentistas, de izquierda confederal, Ciudadanos y Vox han abandonado el hemiciclo para denunciar el pacto con que se ha cerrado la renovación. La decisión del Senado se suma a la del Congreso que dio luz verde la semana pasada a los seis consejeros que le corresponden.

 

En la imagen principal, la fachada del edificio del Tribunal de Cuentas en Madrid / Europa Press