El Pleno del Tribunal de Cuentas (TCu) ha acordado imponer una sanción de 862.496 euros al partido de ultraderecha Vox por haber aceptado donaciones no identificadas en efectivo durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020, según ha informado el órgano este miércoles. Es la segunda vez que el Tribunal de Cuentas sanciona el partido de Santiago Abascal. El julio pasado lo sancionó con una multa de 233.324 euros por financiación irregular en los ejercicios 2018 y 2019. La sanción no es firme y se puede presentar recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, como ya ha hecho con la primera multa.
En un comunicado, el Tribunal de Cuentas informa que se ha sancionado a Vox por “infracción muy grave” -según compilación la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos- por haber recibido o aceptado donaciones no identificadas en efectivo, según lo recogido en los informes de fiscalización de las cuentas anuales del partido de los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Añade que la sanción ha sido aprobada con el voto particular de dos consejeros del tribunal.
"La fianza contra separatistas"
Al conocer la resolución, Vox ya ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra esta decisión del organismo fiscalizador. La formación liderada por Santiago Abascal considera "injusta" la resolución y confía que tanto esta, como la otra sanción anterior del mismo órgano, sean anuladas.
Añade que fueron donaciones "para cubrir la fianza contra los separatistas", refiriéndose a los procedimientos penales donde está personado contra los independentistas catalanes. Es habitual que jueces y tribunales exijan una fianza a todas las acusaciones populares para evitar distorsiones en las investigaciones.
En un comunicado, Vox ha subrayado que "no existe base legal para la sanción" y ha añadido que "la decisión del Tribunal de Cuentas no es unánime, puesto que dos de sus consejeros han emitido votos particulares en los cuales defienden que no hay ningún motivo para la sanción".
Denunciados por excompañeros
Los conflictos sobre la financiación de Vox no es nuevo. La exdiputada de Vox por Tarragona, Isabel Lázaro, denunció al actual vicepresidente de la formación ultra y al portavoz del grupo parlamentario de Vox, Ignacio Garriga y Joan Garriga, a la Fiscalía al considerar que habían cometido los delitos de malversación de fondo y de apropiación indebida del dinero público que el Parlament asigna a los grupos parlamentarios.
Recientemente, el fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, descartó que Ignacio Garriga hubiera cometido ninguna irregularidad porque el reglamento de la cámara catalana no prohibía los pagos de personal del mismo grupo, norma que ahora se ha endurecido. En cuanto a gastos destinados a viajes y comidas personales de Garriga y no de trabajo para el grupo, el fiscal superior concluye que no hay pruebas suficientes.