La Unidad de Actuaciones Previstas del Tribunal de Cuentas resolverá, seguramente el próximo jueves, la petición del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, de ampliar el plazo para poder depositar los más de 2 millones que todavía tiene que pagar por haber utilizado fondos públicos para la consulta independentista del 9-N.
Según el órgano, este martes se ha hecho efectivo el pago de 2,1 millones de euros, casi la mitad de los 5,2 millones totales, en un documento en el cual los abogados de Mas piden una ampliación de 15 días para ingresar el resto del dinero. Esta petición será estudiada por el Tribunal de Cuentas y posiblemente será el jueves cuando responda al escrito del expresidente. Este documento, donde se apela a "la buena voluntad de depositar la totalidad de la fianza", también se hace referencia a los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega y Irene Rigau, y cinco funcionarios del Gobierno.
El letrado también aclara en su escrito que la cantidad ingresada tiene únicamente "la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente", y no tiene el carácter de reintegro, ya que todavía no hay sentencia.
El Tribunal de Cuentas, que impuso el pasado 25 de septiembre esta fianza con el objetivo de garantizar que se reintegre el dinero gastado en caso de que sean finalmente condenados, marcó esta semana para depositar la cantidad, ya qué sino procederían al embargo de los bienes de los responsables del 9-N.