Nuevo -y previsible- portazo del Tribunal Constitucional contra el proceso. Después de que el viernes pasado el gobierno español decidiera recurrir los presupuestos del govern de 2017 en el Alto Tribunal, este hará efectiva la suspensión entre el martes y miércoles de esta semana después de estudiar el recurso de los de Mariano Rajoy, que les servirá para justificar la anulación, presumiblemente, de las cuentas de la Generalitat que destinan una partida al referéndum.
Como siempre, y como ya es habitual, si el recurso es admitido a trámite, los presupuestos serán suspendidos automáticamente. El nuevo presidente del TC, Juan José González Rivas, se ha puesto las pilas rápidamente y ahora tendrá que decidir en su primer pleno si los números del govern se ajustan a la legalidad.
Normalmente, cuando hay un relevo en el Alto Tribunal, los nuevos miembros tienen prácticamente un mes y medio de plazo para ponerse al día de los trabajos pendientes y celebrar un pleno, pero esta vez tendrán que correr para ver si las cuentas contravienen la legalidad y, en caso que sea así, suspender, pues, los presupuestos de los de Carles Puigdemont.
El TC tiene, sin embargo, un periodo de cinco meses para resolver si los presupuestos son o no inconstitucionales, aunque una vez haya pasado este plazo puede prorrogarlo mediante una resolución específica.