El Tribunal Constitucional (TC) ha levantado parte de la suspensión de la ley del cambio climático pero mantiene el veto a la prohibición del fracking, según explica el Govern en un comunicado. Se trata de una medida provisional hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad de los preceptos de la ley. Así pues, el gobierno catalán prevé empezar a recaudar "lo antes posible" el impuesto sobre el CO2 en determinados vehículos.

Previsiblemente entrará en vigor en 2019 con efectos en el presente ejercicio, según la Generalitat. Los ingresos obtenidos irán a parar a partes iguales al Fondo Climático y al Fondo de Patrimonio Natural, los dos de nueva creación. Otros artículos de la ley que se podrán aplicar mientras el TC no emita una sentencia hacen referencia al objetivo de un 50% de energías renovables en 2030 y a los presupuestos de carbono.

El Govern asegura que sacará adelante la aplicación de la ley catalana de cambio climático después de que el TC haya levantado la suspensión de la mayoría de los artículos. Entre los preceptos que vuelven a estar en vigor destacan los que hacen referencia a los presupuestos de carbono.

Se trata de una de las novedades de la ley que supone "una herramienta de planificación y seguimiento para la integración de los objetivos de la norma en las políticas sectoriales". Los presupuestos, además de la cantidad total de emisiones permitidas para el conjunto del país, tendrán que indicar qué parte corresponde en los sectores cubiertos por la directiva del mercado de emisiones y cuál a los conocidos como sectores difusos, no llenados por este sistema. Un tipo de presupuesto que, según el Govern, pone Catalunya al nivel de los países más adelantados en este ámbito como el Reino Unido.

Energía y sanciones

Otro grupo de artículos vigentes son relativos a la energía. La ley fija el objetivo de alcanzar un 50% de energías renovables en 2030. El gobierno español cifra en 8.200 millones de euros la inversión necesaria para conseguirlo y considera que podría producir perjuicios de tipo técnicos y económicos sobre el sistema eléctrico. En cambio, el TC defiende que la ley no impone estas inversiones ni establece sanciones u otras consecuencias jurídicas. Además, el alto tribunal puntualiza que estas inversiones podrían ser asumidas voluntariamente por el sector privado o financiadas por la comunidad autónoma, por lo cual no se producirían los supuestos efectos negativos.

Con respecto a los artículos que regulan el impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en determinados vehículos –turismos, vehículos comerciales ligeros y motocicletas-, el Estado considera que vulnera los límites establecidos por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) con el argumento que hay una coincidencia con el impuesto de matriculación. Al quedar la suspensión sin efecto sobre el nuevo impuesto, el Govern trabaja con la intención de que se pueda empezar a recaudar "lo antes posible", previsiblemente con efectos en el presente ejercicio, entrando en vigor en el 2019.

Los ingresos obtenidos alimentarán a partes iguales el Fondo Climático y el Fondo de Patrimonio Natural, los dos de nueva creación. El Fondo Climático servirá para fomentar las renovables; la descentralización de redes; el autoconsumo eléctrico; las viviendas energéticamente eficientes; la movilidad sostenible; la eficiencia y el ahorro de agua; la conservación de la biodiversidad; la modificación de procesos de producción; la investigación y la innovación; o la reducción de la vulnerabilidad de los sectores económicos.