En la vuelta de la Semana Santa, la actualidad centrará su atención, sobre todo, en los juzgados. Si el Lunes de Pascua —laborable en la mayoría del Estado español— comienza el juicio al exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, para determinar si ordenó la operación Kitchen y el espionaje a Bárcenas; a partir del martes será el turno de los tres de la trama de las mascarillas. El Tribunal Supremo sentará en el banquillo de los acusados, entre el 7 y el 30 de abril, al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia de la covid, en 2020.
El juicio, pues, arranca cuando hace poco más de dos años que el entonces desconocido asesor del exministro de Transportes fuera detenido y, a partir de ahí, comenzara una profunda crisis en el seno del PSOE. Una crisis que ha terminado, por un lado, con Ábalos suspendido de la militancia, entregando el acta de diputado en el Congreso y en prisión provisional desde hace ya cuatro meses por su presunta implicación en el caso Koldo; y, por otro lado, con el exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, dimitiendo después de los informes de la UCO que lo vinculan también con supuestas comisiones relacionadas con contratos públicos.
De Cerdán, sin embargo, ya será el turno de hablar. Ahora son Ábalos, Koldo y Aldama los que deberán declarar por el "ilícito negocio" que habrían emprendido con contratos públicos de mascarillas para Adif y Puertos del Estado —dependientes de Transportes— en marzo de 2020. Se les acusa de delitos de soborno, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación. Por todo ello, Ábalos afronta una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 24 años de prisión y Koldo García de 19 años y medio, aunque las acusaciones populares que coordina el PP piden para ambos 30 años. El tercer acusado, Víctor de Aldama, tiene la petición más baja —7 años de prisión— al contemplar las acusaciones su colaboración con la Justicia después de confesar el pago de comisiones. Así, a partir de este martes, el exministro y su exasesor serán conducidos cada día desde la prisión de Soto del Real (Madrid), donde están encerrados desde noviembre por riesgo de fuga.
Ábalos, Koldo y Aldama: un “preciso reparto de funciones”
Víctor de Aldama era quien captaba las empresas y, aprovechando el cargo de Ábalos en el gobierno español y en el PSOE, influía en la contratación pública de estas con la finalidad de obtener un “beneficio económico común”, tal como destaca el fiscal, que observa también un “preciso reparto de funciones” de los tres. De esta manera, Ábalos era quien habría acordado la adquisición de partidas de mascarillas, por lo cual Aldama se embolsó 3,7 millones de euros. A cambio, y como pago por estas gestiones, Ábalos y Koldo habrían recibido "una indebida compensación económica". Aldama habría entregado a Koldo 10.000 euros mensuales en efectivo, a veces en presencia de Ábalos, ya que estaba destinado a ser repartido entre ambos.
Con todo, mientras Aldama admite los delitos que se le imputan, el exministro y el exasesor, se proclaman inocentes, solicitan la absolución y cuestionan la credibilidad de Aldama. Ábalos dice que no hay rastro de las comisiones millonarias que explica Aldama y niega irregularidades en los contratos. Koldo asegura que la compra de material "se rigió por criterios de estricta necesidad" en un momento en que el mercado estaba "colapsado" por la crisis sanitaria mundial.