La defensa del expresident de la Generalitat Quim Torra ha presentado un recurso de reforma contra el auto del juzgado de instrucción número 24 que lo quiere juzgar por posible desobediencia a raíz de la pancarta de apoyo a los presos independentistas colgada en el Palau de la Generalitat. En el recurso los letrados denuncian que a Torra se le estaría vulnerando su presunción de inocencia. Recuerdan que en su escrito la magistrada apunta que la conducta de Torra demuestra "una contumaz rebeldía contra aquello ordenado" por el TSJC —que le dio 48 horas para retirar la pancarta— y creen que eso demuestra falta de imparcialidad. La defensa pide el sobreseimiento de la causa.

Esta será la segunda vez que se juzgue a Torra por estos hechos, que ya le costaron la inhabilitación. Este nuevo procedimiento judicial fue impulsado por la entidad Impulso Ciudadano.

En el recurso la defensa apunta que mientras que en el escrito la magistrada dice que no se pueden hacer "valoraciones anticipadas", justo después afirma que la conducta del investigado "demuestra indiciariamente una contumaz rebeldía contra aquello ordenado". "Creemos que la valoración representa una clara valoración anticipada de los hechos objeto de la presente causa y afectan a la imparcialidad de quien tiene que instruir desde una perspectiva de equidistancia hacia los hechos", argumenta la defensa, que dice que se tendrían que reunir los hechos "tanto favorables como desfavorables" para el investigado.

En este sentido, la defensa también asegura que existe "una clara vulneración" del derecho a la presunción de inocencia, que apuntan que ya se produjo en la primera causa que se abrió contra el expresident y por la que se le inhabilitó.

Falta de imparcialidad

En su recurso Torra también indica que el escrito del juzgado obvia en su cronología de los hechos que el entonces president recurrió la orden que lo obligaba a quitar la pancarta, de forma que argumenta que todavía no era una orden firme. Según la defensa, esta omisión "desequilibra la investigación y hace perder la imparcialidad".

En este punto los abogados dicen que es "evidente" que Torra estaba amparado en preceptos legales y constitucionales como el derecho a recurrir. De hecho, aseguran que este derecho "se ve violentado si no anulado desde el momento en que se plantea que la desobediencia se produce incluso estando recurrido el requerimiento". Así, la defensa critica que para denunciar la desobediencia de Torra, primero "se tendría que haber esperado que se produjera" una vez se hubiera resuelto el recurso que presentó.

En el recurso se argumenta que los hechos por los que se acusa a Torra quedan amparados por el derecho a la libertad de expresión, por el derecho de participación política y de ejercicio del cargo representativo y por el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye su derecho a presentar recurso.

La defensa también dice que pretender someter a un proceso penal a un cargo público con el fin de inhabilitarlo de nuevo por no descolgar una pancarta es "inaudito" y "una muestra de la voluntad de persecución política". Los letrados apuntan que este hecho es "mínimo e irrelevante" y reiteran que está amparado por el ejercicio de los derechos fundamentales.