A las seis en punto de la tarde se ha acabado el plazo para sacar la pancarta con el lazo amarillo del balcón de la Generalitat y Quim Torra ha desobedecido el orden. El presidente mantiene el símbolo manteniendo el pulso con el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Con todo hoy no pasará nada. Nadie se personará a la Generalitat a hacer sacar por la fuerza la pancarta de "libertad presos políticos y exiliados".
A pesar del recurso que ha presentado esta tarde el abogado de la Generalitat, el procedimiento judicial continúa su curso. En el escrito, de 14 páginas, el letrado pide suspender la medida cautelar y el requerimiento personal hecho al presidente Torra el lunes pasado por la tarde, alegando que la orden vulneraría la libertad de expresión del presidente. Además, considera que el auto de medidas cautelares entra en el fondo del asunto, cosa que no podría hacer, sino que simplemente tiene que velar para que la ejecución del acto pueda hacer perder la finalidad legítima del recurso. Pero el recurso no para el plazo que acababa hoy a las 18 h.
Torra recibió el lunes la orden del TSJC en respuesta a una demanda de la asociación Impulso Ciudadano, que preside el exlíder de Sociedad Civil Catalana y exdiputado de Cs, José Domingo y que se autodefine como un "movimiento cívico con la finalidad de promover y defender el pluralismo político, ideológico, lingüístico y cultural de España". Al escrito alega "incumplimiento de los deberes a los que está sometida la Adminsitràció Pública en representación de la ciudadanía".
El caso lo lleva la Sala del Contencioso Administrativo que no hará nada hasta mañana, según han apuntado fuentes judiciales en El Nacional.
Primero, porque esta tarde no está de guardia y después, porque a diferencia de una sala de lo penal, el contencioso da respuesta a peticiones de las partes. Hasta mañana por la mañana, además, la Sala del Contencioso no tendrá la constatación formal de si la pancarta continúa en el balcón o no.
Por lo tanto, esta tarde no se visibilizará nada, al menos a nivel judicial. El Contencioso actuará en el momento en que el denunciante solicite la ejecución forzosa de la orden de sacar el símbolo de la fachada de la Generalitat.
Torra está pendiente de un juicio por exactamente lo mismo: no sacar la pancarta con el lazo amarillo durante la convocatoria de elecciones. En aquel caso fueron las de mayo y la orden la dio la Junta Electoral acabando el caso al TSJC que ha fijado el juicio por desobediencia para el 18 de noviembre. La Fiscalía de Catalunya pide para Torra una pena de un año y ocho meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 30.000 euros. Según el escrito de acusación del ministerio público, Torra era "consciente de su obligación de cumplir lo que ordenaba la Junta Electoral Central" y que aun así "desatendió abiertamente la orden" y no ordenó retirar los lazos amarillos y las pancartas en apoyo a los presos políticos.