Mirando al Supremo. Y a la Audiencia Nacional. Y al TSJC. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, abrirá este martes el 33º debate de política general en el Parlament de Catalunya desde 1980. Será el segundo que protagoniza desde que fue investido 131º presidente, el 14 de mayo del 2018, en lugar de Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica y cuya investidura a distancia prohibió el Constitucional.

La sesión, hoy con la intervención del president y la réplica de los grupos, y mañana con la votación de resoluciones, se desarrollará en un clima de alta tensión: en vísperas de la sentencia contra los líderes independentistas juzgados por el Tribunal Supremo en la causa del referéndum de independencia del 1 de Octubre, 9 de los cuales están en prisión preventiva. El propio Torra está pendiente de juicio, el 18 de noviembre, por no haber retirado la pancarta de apoyo a los presos políticos del balcón del palacio de la Generalitat, en abierto desafío al TSJC.

Pero, a la vez, consellers y diputados estarán muy pendientes de Madrid, donde continúan en dependencias de la Guardia Civil, a la espera de ser entregados al juez previsiblemente este jueves, 7 de los 9 miembros de los CDR detenidos el lunes en Sabadell y otras poblaciones bajo la acusación de terrorismo. 2 quedaron libres.

Por el momento, todo está por demostrar. Los presuntos explosivos no aparecen por ningún sitio. Y, extrañamente, a los miembros de los CDR detenidos no se les ha aplicado la legislación antiterrorista. En las últimas horas, Jueces​ por la Democracia -asociación profesional poco sospechosa de nada- ha cuestionado el escrito de la fiscalía. Torra ha pedido explicaciones por carta a Pedro Sánchez. La gravedad de las acusaciones formuladas, y la sospecha creciente de su inconsistencia, ha elevado al máximo la temperatura política en un otoño tórrido por definición. 

Ulsterización de Catalunya

La operación de la Guardia Civil ha supuesto la mayor movilización de agentes desde el desembarco de los piolines, que se hicieron tristemente famosos en la represión del 1-O. El independentismo ve en las detenciones el enésimo intento de los aparatos judiciales y policiales españoles de aplicar a la cuestión catalana el patrón de la Euskadi de los años de plomo de ETA. El relato policial y mediático que equipara los CDR a los comandos de kale borroka -considerados los embriones de los grupos de ETA que después cometían sangrientos atentados- remite inequívocamente a aquel escenario de violencia y fractura social. En definitiva, la soñada ulsterización de Catalunya que persigue el españolismo extremo.

La última "razia" policial contra el independentismo ha vuelto a evidenciar el marco de excepción en que se tiene que mover la política en Catalunya. El dispositivo, activado por el gobierno de Pedro Sánchez en pleno inicio de la nueva carrera electoral española hacia las cuartas elecciones generales en cuatro años, ha volado los tímidos intentos de levantar puentes de diálogo con el PSC, que, semanas atrás, se había mostrado dispuesto a negociar los presupuestos del Govern Torra-Aragonès. También ERC estaba dispuesta a investir a Sánchez en Madrid como gesto para favorecer una distensión. Pero el líder del PSOE quiere guerra.

Por el contrario, el renovado asedio al independentismo podría contribuir a un acercamiento del Govern con los comunes e, incluso, la CUP. Si bien, tanto los unos como los otros no suelen mezclar el frente antirrepresivo con la oposición a unos presupuestos que consideran antisociales. Y ello, cuando a la asfixia financiera de la Generalitat, perpetuada por el gobierno Sánchez con los presupuestos prorrogados del popular Montoro, se une la amenaza de una nueva crisis económica general. La rebaja de las previsiones de crecimiento del Banco de España lo certifica.

Muy mala salud de hierro del Govern

El gobierno de concentración entre el independentismo y los comunes como respuesta a la sentencia del 1-O que plantea ERC (o sea, Junqueras) y que Torra y JxCat (o sea, Puigdemont) rechazan -tampoco lo quieren ni los comunes ni la CUP- planeará sobre el debate. Con todo, y pese a las discrepancias estratégicas entre ambos socios, el Govern JxCat-ERC volverá a exhibir su muy mala salud de hierro, una vez la celebración de elecciones españolas el 10-N ha alejado la pelota de unas elecciones al Parlament en las que, más allá de las encuestas habituales, que dan por ganadora a ERC, todo son incógnitas.

Con respecto a la oposición de Cs y el PP, nada nuevo. JxCat se ha planteado llevar a los tribunales a Lorena Roldán, la sucesora de Inés Arrimadas, después de que haya relacionado a Torra con el terrorismo. Los tuits se borran. Pero las mentiras flotan.

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