La Comisión Europea ha abierto expediente contra el Estado español y 23 países más por no proteger a los denunciantes de corrupción. Es decir, por no haber hecho la transposición de la directiva europea conocida como 'whistleblower', un término que en su traducción literal al inglés significa 'soplador del silbato' y que hace referencia a los delatores. Según informa El País, el Estado español y 23 países más han sido expedientados después de que acabara el plazo máximo de tiempo que tenían para hacer esta transposición. La directiva europea tiene la intención de crear un marco legal que proteja a las personas que denuncian delitos de corrupción, tanto en el sector público como en el privado. Se trata de una directiva, pues, que protege a aquellos individuos que filtran información sobre actividades sospechosas y los blinda ante cualquier represalia laboral, como sería por ejemplo un despido o una reubicación forzosa.
El caso es que ahora la Comisión Europea ha estirado España y otros países de las orejas ante este incumplimiento, y el caso es que con respecto al gobierno de Pedro Sánchez, ni siquiera se ha puesto sobre la mesa un proyecto de ley o un borrador en esta dirección. De hecho, solo hay tres países que sí que hayan hecho los deberes y hayan hecho su transposición de ley. Se trata de Portugal, Suecia y Malta. El resto de países, en cambio, no han efectuado de manera correcta esta transposición. Algunos porque sencillamente no han presentado nada, y de otros porque han presentado un modelo que no ha gustado en Bruselas. La Comisión Europea ha ordenado a Francia, Italia, Austria, Bulgaria y Lituania que presenten nuevas propuestas, ya que considera que han hecho malas o insuficientes transposiciones.
¿Cuál es el destino de todo eso? Pues este tema podría acabar con una multa delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta multa es la última cosa que podría pasar. Antes, sin embargo, hay otras posibilidades. Primero de todo, la Moncloa ahora tiene que responder a la Comisión Europea. Si la solución planteada por Madrid no gusta en Bruselas, la Comisión se vería con la obligación de pedir explicaciones en España, e insistir en por qué no se está cumpliendo la transposición de la norma. Después de eso el Estado español pasaría a tener un plazo de unos dos meses para responder al requerimiento.
Ahora bien, El País asegura que el Gobierno tiene a día de hoy la "voluntad inequívoca" de sacar adelante la transposición de esta ley y cumplir con la directiva de la Comisión Europea. De hecho, este medio insiste en que desde la Moncloa se apunta que el texto podría llegar al Consejo de Ministros en las próximas semanas. Ahora bien, nada acabaría aquí, ya que después del Consejo de Ministros tiene que pasar por las cámaras legislativas, y la cosa se podría alargar durante meses mientras pasa por el Congreso de los Diputados y el Senado.