Avalada. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha concluido este jueves que la ley de amnistía es conforme con el derecho de la Unión y no se han afectado fondos de la UE con el 1-O. El pronunciamiento del TJUE significa un alivio para el Gobierno de Pedro Sánchez, cercado por los casos de corrupción y que aprobó hace dos años la norma del olvido penal para "pacificar" la relación con Catalunya. También es un alivio para el centenar de represaliados catalanes pendientes que se les aplique la norma del olvido penal. El presidente del tribunal, el magistrado belga Koen Lenaerts, ha leído el fallo de la sentencia, y ha afirmado que el tribunal "no se opone a una ley nacional de amnistía para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación". Ha añadido que "no se opone a la amnistía de la responsabilidad contable en un contexto independentista", haciendo referencia al gasto del 1-O, juzgado por el Tribunal de Cuentas, que le hizo la consulta prejudicial. También ha aprobado la extinción de la responsabilidad a los 12 CDR, acusados de terrorismo, prejudicial presentada al TJUE por la Audiencia Nacional.
La reacción de los políticos catalanes no se ha hecho esperar. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido la aplicación "inmediata" de la amnistía en las causas pendientes. También lo ha hecho el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha pedido su aplicación de forma "diligente".
Presión al Supremo
El fallo del tribunal de Luxemburgo, además, pone presión al Tribunal Supremo, que mantiene la orden de detención en el Estado español del president en el exilio y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, al asegurar que se enriquecieron personalmente con la organización del referéndum y, a su parecer, no les puede aplicar la amnistía porque la ley marca esta excepción. El alto tribunal español también debe resolver si retira la inhabilitación para cargo público al exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, y a los exconsellers Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva, condenados por malversación por el 1-O.
La valoración del tribunal
En la sentencia, el TJUE sostiene que la aprobación y la aplicación de una ley de amnistía "son competencia de los Estados miembros", tal como sostuvo el abogado general del tribunal. Por ello, añade que el control del tribunal "se limita a identificar problemas de tutela judicial que presenten carácter sistémico y a verificar la observancia del efecto útil de las normativas del Derecho de la Unión concretamente afectadas, como la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo y el procedimiento prejudicial".
Así, el aval del TJUE significará que el Tribunal de Cuentas tendrá que aplicar la ley de amnistía a los presidents Puigdemont y Artur Mas y a 33 excargos de su Gobierno, juzgados por el gasto de la organización del 1-O y de la promoción de Catalunya en el exterior del 2011 al 2017, valorado en 5 millones de euros.
La acusación de terrorismo
El Tribunal de Justicia de la UE concluye también que la amnistía respeta la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo, dado que, en consonancia con los objetivos de esta, "se limita a disponer, con posterioridad, que no se enjuicien ciertos delitos de terrorismo cometidos exclusivamente en el contexto particular del movimiento a favor de la independencia de Catalunya".
El TJUE subraya que el objetivo de esta medida es "reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación" y especifica que se aplica a actos comprendidos dentro de la directiva "que no han causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos", la naturaleza exacta de los cuales y el umbral de gravedad no se especifica en la ley y queda en manos de los órganos jurisdiccionales.
Después de conocer el fallo del TJUE, los abogados de Alerta Solidària, defensores de la mayoría de los 12 CDC acusados por terrorismo, ya han pedido a la Audiencia Nacional que les aplique la norma del olvido penal, dicte el archivo de la causa y acabe con el calvario que sufren desde el 2019. El tribunal hizo una vista sobre la aplicación o no de la amnistía y después envió la consulta al TJUE.