48 horas después del grave accidente de Urda, en Toledo, todavía intentamos saber por qué ocurrió. En un primer momento, el Gobierno español atribuyó los hechos a un "error humano", pero no paran de crecer las voces que se preguntan cómo puede ser que la seguridad de la alta velocidad pueda depender de una persona. Sobre todo, cuando ayer supimos que, por un lado, el CEO de Iryo justo había alertado que el sistema LZB dejaba los trenes inmovilizados cuando fallaba, y, por otro, que la comisión de accidentes ferroviarios advirtió hace dos años del peligro de depender del factor humano. Ahora, este viernes, 30 de octubre, leemos titulares muy reveladores en las portadas sobre el accidente de Toledo, que ayudan a entender mejor los motivos de la tragedia. Una tragedia que, por cierto, tiene acorralado al ministro de Transportes, Óscar Puente.
Desde Madrid, la noticia que avanza El País refuerza la tesis inicial del Gobierno español, y dice que "Los controladores de Atocha se confundieron de protocolo". "Los supervisores eligieron el apartado del manual que autoriza a circular a la máxima velocidad, cuando correspondía ordenar el que la limita y permite frenar a tiempo ante un obstáculo", añade. En el editorial se olvida del tema, y prefiere hablar de las elecciones israelíes y de la marcha de Christine Lagarde del BCE.
Ahorro polémico en Adif, decisiones políticas de Puente
En cambio, El Mundo pasa la pelota al ejecutivo estatal, y explica que "Adif aceptó prorrogar el viejo LZB por un ahorro de 37 millones". "El gestor evitó exigir cumplir los plazos a pesar de que el nuevo sistema de seguridad acumula nueve meses de retraso. El contrato se adjudicó a Thales en el año 2021 con un enorme descuento: de 131 millones a 94", detalla. Entre otras cuestiones, también apunta que "El operario al que señala Puente consultó la orden y no decidió solo", y aumenta la presión sobre el ministro: "La continuidad de Puente en el Gobierno español divide al PSOE mientras él gana tiempo". En la línea de la apertura, el editorial se centra en "El precio de aplazar la seguridad" y sentencia que "El Gobierno español está obligado a explicar por qué se ha incumplido el calendario de una infraestructura de la que dependen miles de vidas".
El ABC también apunta contra el Gobierno español, y asegura que "Puente despidió a técnicos y llenó la cúpula de Adif de políticos". "Funcionarios del gestor ferroviario denuncian que el ministro 'desmanteló la antigua dirección' para 'colocar comisarios con carné del PSOE', algunos sin 'ninguna experiencia en el sector ferroviario'", añade. Además, apunta que "El Gobierno español destina la mitad que la UE a mantenimiento ferroviario", con consecuencias nefastas: "Los accidentes se duplican desde 2018, los descarrilamientos se triplican y los retrasos de trenes de larga distancia se multiplican por siete". Para acabar, señala que "Sánchez arrincona al ministro que usaba de ariete": "No plantea cesarlo para que el desgaste se focalice en él, 'muy tocado anímicamente'". Ahora bien, en el editorial considera que "El cese de Puente no sería suficiente" porque la responsabilidad "También abarca al presidente que lo nombró, lo ha mantenido en el cargo y ha apoyado su gestión".
Los errores del sistema de seguridad
Por su parte, La Razón prefiere abrir con la noticia de que "Los Reyes llevan el dolor de España a las víctimas del accidente", aunque la noticia interesante está bastante escondida: "El sistema de seguridad llevaba días fallando. El tren iba entre 160 y 200 km/h". En la portada, también destaca el editorial ("El inevitable final de un gobierno negligente"), en la que asegura que "Se ha primado la vinculación a las diferentes familias socialistas de los altos dirigentes de Adif y Renfe por encima de la aptitud profesional para unos cargos con mucha exigencia técnica".
Ya desde Catalunya, La Vanguardia abre con un "Dolor inmenso", y apunta que "La policía investiga por qué durante 17 minutos no se avisó al AVE de que iba directo al fatídico choque que causó 69 muertos". También remarca que "El CEO de Iryo advirtió que sus trenes tardaban en arrancar si caía el sistema", y por debajo hace otros apuntes interesantes: que "Los centros de control de Adif sufren la falta de personal y de experiencia" y que "El sistema de seguridad español es menos garantista que en otros países europeos". En el editorial ("Ante la tragedia, más respuestas y soluciones"), dice que "Dos accidentes ferroviarios graves en nueve meses deben comportar un cambio de gestión y de gestores" y que "La alta velocidad ha pasado a ser un símbolo de fiasco para España y de desconfianza ciudadana".
La presión sobre Adif y la falta de mantenimiento
La apertura de El Periódico es interesante: "Cada controlador del AVE en Andalucía ha pasado de gestionar 15 trenes a 40". "El centro de circulación de Adif en Atocha ha triplicado la operativa simultánea de convoyes desde la liberalización. La saturación de las vías tensiona los equipos humanos del gestor ferroviario", dice. Entre otros apuntes, lo que comentábamos de la comisión de accidentes: "La CIAF ya alertó de que la seguridad dependía de un factor humano 'susceptible de fallar'". En el editorial, el protagonismo es para Israel.
El Ara habla de la "Presión máxima sobre Puente", y también apunta dos cuestiones importantes: que "La comisión de accidentes de tren e Iryo ya habían denunciado anomalías" y, sobre todo, que "España destina cinco veces más dinero a nuevas vías que a mantenimiento". En este sentido, el editorial reclama "Esclarecer el accidente y revisar el modelo": "Habría que ver si el nivel de mantenimiento del sistema de seguridad es el adecuado para una red que es la más extensa de Europa". Por su parte, El Punt Avui titula así: "Tres errores y un aviso ignorado: 69 muertos". "La investigación apunta a tres fallos encadenados en la tragedia ferroviaria de Urda. El máximo responsable de Iryo había advertido en el Senado de los problemas del sistema LZB 23 días antes", dice, mientras vuelve a pedir "Responsabilidad por la tragedia de Toledo" en el editorial.
