El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha realizado un exhaustivo interrogatorio al abogado del Parlamento Europeo sobre cómo protege a los diputados y aplica su inmunidad, y sobre la imparcialidad o no del ponente de la comisión de Asuntos Judiciales, que dio luz verde a levantar la inmunidad de los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, en la vista oral de este viernes, en Luxemburgo, que ha durado más de cinco horas. El abogado de los eurodiputados de Junts, Gonzalo Boye, también ha sido preguntado y ha replicado todas las afirmaciones del abogado jefe de los servicios jurídicos de la cámara europea, Norbert Lorenz, que ha alarmado a la sala cuando ha afirmado que "probablemente Puigdemont obtuvo el acta de forma ilegal", según las últimas resoluciones del TGUE. En la intervención final, Boye ha pedido al tribunal del TGUE que "ponga fin a la persecución política" que están sufriendo los eurodiputados de Junts porque "representan una minoría nacional, que merece un respeto,", y "el objetivo de la euroorden es ponerles en prisión preventiva".
Por el contrario, el abogado del Parlamento Europeo, Norbert Lorenz, ha manifestado que la comisión Juri "no cometió ninguna ilegalidad" y que "no detectó ningún fumus persecutionis" y por eso, en marzo de 2021, permitió levantar su inmunidad y atender el suplicatorio del juez Pablo Llarena para hacerlos detener para juzgarlos para el 1-O. En una segunda declaración sorprendente, Lorenz ha asegurado que si Puigdemont hubiera hecho todas estas actuaciones (desde proclamas independentistas y convocar el Referéndum) cuando era diputado, a partir de enero de 2020, la cámara habría cambiado de opinión. Lo cierto es que Puigdemont, Comín y Ponsatí han intervenido varias veces en el Parlamento Europeo denunciando las persecuciones del Gobierno, así como defendiendo la independencia de Catalunya. Lorenz también se ha sacudido responsabilidades sobre el hecho que el exilio y su abogado han sido espiados con el software Pegasus. "Eso se ha conocido posteriormente", se ha excusado.
La abogada del Estado, Andrea Gavela, también ha defendido que el tribunal mantenga el levantamiento de la inmunidad de los tres políticos de Junts. Las sentencias del TGUE se esperan para dentro de dos meses, y se pueden recurriral TJUE. Es probable que el tribunal de la sala sexta del TGUE se espere a saber la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sobre las prejudiciales del juez Llarena, ya que es el órgano superior y marcará el futuro de los políticos en el exilio.
El protocolo sobre las protecciones
En la sesión de la tarde, la presidenta del tribunal, Anna Marcoulli, ha realizado la mayoría de preguntas, ya que es la que tiene que redactar la resolución. La magistrada Marcoulli ha mostrado que tiene un gran nivel de instrucción en esta causa y sobre otras vinculadas a los derechos humanos. ¿"Para Usted la inmunidad es un derecho fundamental"?, le ha preguntado la presidenta del tribunal a Boye. El penalista ha contestado que si se les saca la inmunidad afecta derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de movimientos, y que han sido detenidos, la última vez, el presidente Puigdemont en Cerdeña. La presidenta le ha indicado que fue puesto en libertad y Boye le ha contestado: "Sí porque somos buenos abogados, pero no recibieron la ayuda del Parlamento Europeo." Ha sido el momento distendido de la tarde, que a pesar de la corrección de los abogados, ha ido subiendo de tono cuando los abogados se desmentían mutuamente, nunca con palabras de descalificación.
El nivel del debate ha sido tan técnico que el tribunal y los abogados de las partes han hablado de los diferentes supuestos que recoge el artículo 9 de Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea. En concreto debatían sobre el significado del cual recoge la letra a, que afirma: "Disfrutarán, en su territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los diputados del Parlamento de su Estado; y la letra b: "No podrán ser detenidos ni procesados en el territorio de cualquier otro Estado miembro. Disfrutarán igualmente de inmunidad cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o devuelvan de este". Para Boye, los tres políticos catalanes mantienen los dos tipos, mientras que la abogada del Estado, solo se tiene que analizar el segundo, que es el que solicitó levantar Llarena.
El caso de Elena Yoncheva
El abogado del Parlamento Europeo ha insistido en que la inmunidad que protege la cámara es la actividad de los diputados en su ejercicio político. La presidenta del tribunal le ha apuntado que el caso de Elena Yoncheva, periodista búlgara, no coincide con lo que dice. El letrado ha justificado que en su caso, después de obtener el acta de diputada, la fiscalía presentó la acusación, después de una investigación de años y que saliera un vídeo donde un político hacía perseguirla, y por eso se la defendió. Su caso está pendiente de resolverse en los tribunales.
Por su parte, Boye ha explicado que el caso de Puigdemont, Comín y Ponsatí es similar y ha detallado las actuaciones del juez instructor del Supremo para perseguirlos. El juez Pablo Llarena dicta la primera orden de detención nacional el 2 de noviembre de 2017, después la renueva, en el 2018 dicta una euroorden, que posteriormente deja sin efecto cuándo Alemania no acepta entregar Puigdemont por el delito de rebelión y solo por malversación de fondos; y la tercera vez, después de que el Supremo condenara por sedición a los presos políticos, el 14 de octubre de 2019. Ha añadido que Puigdemont y Comín fueron escogidos eurodiputados en junio del 2019, y que no pudieron entrar con garantías hasta diciembre de 2019, cuando el TJUE le reconoce el derecho al presidente de ERC, Oriol Junqueras, aunque el Supremo no le permitió ejercer como eurodiputado en sostener que su condena ya era firma. "Vuelvo a repetir una afirmación del Tribunal Constitucional alemán: a veces los diputados tienen que ser protegidos frente del mismo Parlamento", ha concluido Boye.
Blanquear un ultra
Una segunda pieza clave de la vista ha sido si el presidente y sobre todo el ponente de la comisión de Asuntos Jurídicos actuó con imparcialidad en el caso del suplicatorio de Puigdemont. El Abogado del Parlamento Europeo ha dado muchas explicaciones para blanquear al diputado ultra búlgaro, Angel Dzhambazki, ponente de la comisión, y ha puesto la libertad de expresión como un derecho que tiene que ser más permisible con los políticos. En este caso, ha sido el magistrado Frimodt Nielsen que ha insistido en preguntar al letrado de la cámara sobre el alcance de la imparcialidad objetiva, pero también de la "subjetiva" del ponente. En este caso, Boye ha afirmado que aceptan que los políticos tengan su ideología, pero que el ponente de la comisión sobre el suplicatorio "tendría que haber mantenido la apariencia de imparcialidad" y Dzhambazki no lo hizo al asistir a un acto de Vox, que es parte acusatoria en el Supremo.
Finalmente, a las cuatro menos cuarto de la tarde, la presidenta del tribunal ha dado por acabada la vista oral, que ha empezado a las nueve y media de la mañana, y ha anunciado que se comunicará la fecha de la sentencia. Primero, seguramente, saldrá la sentencia del TJUE sobre las prejudiciales del juez Llarena.