Metódicas y contundentes. La consellera d'Ensenyament en funciones, Irene Rigau, y la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega han dirigido una argumentada carga de profundidad contra los cimientos de la querella impulsada por el Gobierno español a raíz del proceso participativo del 9N. En las puertas del Tribunal han quedado el Govern y una amplia representación del Parlament, además de centenares de manifestantes. La puesta en escena no ha sido del agrado del TSJC que ha expresado su protesta a través de un comunicado que, ya por la noche, hizo suyo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ha sido el ensayo general de la declaración que el jueves llevará al president Artur Mas ante el juez. Un ensayo general tenso.
Por la noche ha llegado el turno de los ayuntamientos catalanes que, con el de Barcelona y su alcaldesa Ada Colau al frente, han mostrado el apoyo a los imputados. Al acabar la jornada, la unidad de las fuerzas políticas a favor del derecho a decidir había recibido un sorprendente balón de oxígeno.
Ortega y Rigau se han declarado inocentes de todas y cada una de las acusaciones. Han asegurado que, cuando el TC suspendió la consulta, el Govern “paró máquinas”, en palabras de la titular de Ensenyament, se detuvieron todos los expedientes y todas las actuaciones administrativas. Que el proceso participativo que acto seguido sustituyó el referéndum era otra cosa, tanto desde el punto de vista legal y del censo como logístico; y que, una vez el TC decidió también su suspensión, ya era demasiado tarde. “No había nada que yo pudiera detener”, ha asegurado Ortega. Todo estaba ya en manos de los voluntarios.
Este ha sido el hilo conductor casi idéntico para rebatir las acusaciones que les imputan delitos de prevaricación, desobediencia, malversación y usurpación. Sin embargo, las dos políticas han dicho más cosas. Han explicado que fue el mismo Gobierno español quien despreció la convocatoria del proceso consultivo y han avalado esta afirmación con declaraciones del presidente Mariano Rajoy, de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o del titular de Justicia, Rafael Catalá. Han argumentado que, cuando en la Moncloa se dieron cuenta de la trascendencia de la movilización y reclamaron la suspensión, el proceso era imparable.
Y han añadido todavía más argumentos. Las dos han subrayado que con su actuación se habían limitado a dar respuesta a las resoluciones del Parlament democráticamente escogido. Han apelado al derecho de los ciudadanos a decir su parecer, y han defendido que no se pueden criminalizar las actuaciones políticas democráticas y pacíficas. "La política no tiene que conducirse por los tribunales del penal, sino mediante diálogo, negociación y consenso", ha recomendado a la exvicepresidenta.
Ortega y Rigau han deconstruido pieza a pieza la querella del Gobierno español y han cargado contra la actuación de la fiscalía, que primero se pronunció en contra de la denuncia y después acató la orden del Fiscal General. Por esta razón, aparte de no responder a la acusación popular, tampoco han querido contestar a las preguntas que les han planteado los fiscales.
Todo el Govern, excepto el president Mas, les han acompañado hasta las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Una representación muy importante del Parlament las ha apoyado en la entrada y la salida. Algunos diputados se han quedado en la calle durante toda la declaración. Por la mañana ha sido el cabeza de lista de la CUP, Antonio Baños, quien ha esperado en la puerta, junto a diputados de Junts pel Sí como Lluís Llach. Por la tarde, cuando la lluvia ha caído con insistencia encima de las 350 personas concentradas en el paseo Lluís Companys, han sido, entre otros, Josep Rull y Jordi Turull los que han esperado en las escaleras, paraguas en mano, junto con el líder de Unió Ramon Espadaler.
La contestación expresada en la calle ha irritado al Tribunal. La Comisión Permanente del TSJC ha emitido una nota de protesta por la concentración convocada delante de su sede, por el cuestionamiento que comporta y por lo que se interpreta como la voluntad de “influir en la toma de decisiones”. “Eso representa un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial, poniendo en entredicho uno de los elementos esenciales del Estado Constitucional”, denuncia el texto, donde se considera especialmente grave que esta estrategia haya sido favorecida por representantes públicos, algunos de los cuales con funciones de gobierno.
Por la noche ha sido el Poder Judicial quien ha difundido un comunicado apoyando esta protesta. En el comunicado el presidente y los miembros del Consejo General del Poder Judicial -excepto dos ausencias-, expresan el apoyo al TSJC ante lo que califican de actuación "intolerable" y que afecta a los principios del Estado de Derecho, como son la independencia judicial y la separación de poderes.
También desde el Gobierno español, y desde algunas formaciones políticas catalanas se han expresado denuncias en sentido similar ante las protestas organizadas delante de la sede judicial.
Ha sido, sin embargo, tan sólo el primer capítulo. El ensayo general. El pulso de verdad se verá el jueves, cuando corresponda al president Mas acudir a declarar. Entonces, no sólo habrá el Govern y los parlamentarios en la calle, también habrá una muy amplia escolta de alcaldes. Donde ayer se contaban centenares de concentrados, se prevé que se contabilicen unos millares. La tensión apenas empieza.
De momento, la queja del TSJC no ha tenido excesiva trascendencia dado que por la noche, la denuncia contra la judicialización de la política ha llegado de la mano de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha leído un manifiesto acompañada de todos los partidos que en su día dieron apoyo a la consulta, la fecha y la pregunta. Otro efecto secundario de la querella: recomponer aunque sólo haya sido un rato la unidad de los partidos en torno al derecho a decidir.