El Tribunal Constitucional (TC) se va de vacaciones sin escuchar el reclamo de los líderes de Junts y de ERC para que resuelva sus recursos de amparo, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya avalado la ley de amnistía que el Tribunal Supremo no les quiere aplicar desde su entrada en vigor, ahora hace dos años. El presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, ha informado este martes al pleno del tribunal que, de acuerdo con el ponente José María Macías, el recurso de amparo interpuesto por el secretario general de Junts y exconseller, Jordi Turull, se deliberará en el Pleno del día 22 de septiembre, según ha informado el organismo. El de Turull es el primero de los recursos de amparo pendientes referidos a la aplicación efectiva de la ley de amnistía, presentados por el president en el exilio, Carles Puigdemont, y exconsellers de su Govern. En los plenos sucesivos se señalarán los siguientes recursos de amparo, se precisa.
Inicialmente, el TC ya anunció que hasta el otoño no analizaría los recursos de los independentistas, pero ante la contundente respuesta del Tribunal de Luxemburgo, el president Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han exigido una aplicación de la amnistía sin demora en todas las causas pendientes. La decisión del TC implica que las órdenes de detención de Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig continúen en vigor.
Jugar con el tiempo político
El abogado de Puigdemont y Comín, Gonzalo Boye, ha asegurado en una entrevista en ElNacional.cat que el TC debería convocar un pleno extraordinario para resolver los recursos ante la resolución tan cristalina del TJUE. Añade que, si no lo hace, su presidente juega con el tiempo para que el regreso de Puigdemont coincida con el gobierno español de Pedro Sánchez, si le es favorecedor, o con un posible gobierno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Pendientes de la inhabilitación
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso de amparo del secretario general de Junts, Jordi Turull, por la negativa del Tribunal Supremo de aplicarle la ley de amnistía, ahora hace un año, en abril de 2025. El TC, sin embargo, no apreció "la urgencia excepcional" para suspender de forma cautelar la resolución del Supremo, tal como le pedía el político catalán para levantar su inhabilitación hasta el 2030 por la condena de malversación del 1-O.
Los presos políticos de ERC, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, inhabilitados hasta 2031, también pidieron el amparo al TC para que les aplique la norma del olvido penal. El Supremo se niega porque sostiene que se enriquecieron personalmente con la malversación del 1-O porque hicieron el Referéndum "sin gastar dinero de su bolsillo". El mismo argumento que el juez Pablo Llarena mantiene contra el president Puigdemont y los exconsellers Comín y Puig para que no puedan volver a Catalunya sin ser detenidos.
El abogado de Turull, el penalista Jordi Pina, recusó al ponente de su caso, al asegurar que Macías, antes de ser nombrado magistrado del TC, hizo unas "incontables manifestaciones públicas" "expresando abierta hostilidad" hacia la amnistía "sin tapujos". Fue rechazado.
Conde-Pumpido reivindica el aval europeo
A pesar de aplazar hasta septiembre el análisis de los recursos de amparo de los líderes independentistas, Conde-Pumpido ha celebrado el aval del TJUE a la ley de amnistía y ha reivindicado que la resolución europea coincide con la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional. Lo ha hecho durante la audiencia en la que ha entregado al rey Felipe VI la memoria del TC correspondiente a 2025, en la que ha destacado la veintena de sentencias dictadas por el tribunal sobre la norma desde junio del año pasado.
El presidente del Constitucional ha subrayado que, según el TJUE, la ley de amnistía no se opone al derecho de la Unión Europea y que corresponde a los estados miembros aprobarla y establecer sus condiciones de aplicación cuando responde al interés general. También ha remarcado que la resolución de Luxemburgo cita expresamente la doctrina del TC, según la cual la amnistía pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso independentista y facilitar un escenario de reconciliación.
Conde-Pumpido también ha defendido la celeridad del tribunal en la resolución de los recursos contra la ley, que considera tramitados en un plazo “razonable”: menos de un año en el caso del primer recurso y menos de dos años para el conjunto de los procedimientos. Una valoración que contrasta, sin embargo, con la decisión de no convocar ningún pleno extraordinario para resolver de manera inmediata los recursos de amparo pendientes sobre la aplicación efectiva de la amnistía.