Con absoluta normalidad se ha instalado el relato, después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de que el Tribunal Constitucional no resolverá hasta bien pasada la vuelta del verano —quién sabe incluso si en otoño— sobre los recursos que tiene pendientes y que permitirían una aplicación inmediata de la ley de amnistía, el retorno de los exiliados y que se levantaran las medidas que aún pesan sobre los juzgados y condenados por el Tribunal Supremo en la causa del procés. Las explicaciones que se han dado han sido múltiples: tienen que recibirla del TJUE y tienen que estudiarla, hay otros asuntos que el Constitucional tiene que despachar antes y, finalmente, que el verano está a la vuelta de la esquina y no es necesario correr.
Es evidente que todas son cortinas de humo y lo que sucede es solo que aquí nadie quiere correr y esta es una patata que escuece tanto en el Constitucional, controlado por el PSOE, como en el Supremo, donde, ya se sabe, la orientación está claramente escorada a la derecha. Ya llegará el momento de hacer recaer toda la responsabilidad de que no se ejecute con celeridad en el Supremo, que si se moviera con inteligencia, equidad, justicia y visión de la jugada, hubiera procedido ya, o en los próximos días, a acatar lo que dice el TJUE y, en consecuencia, dejar sin efecto las órdenes de detención del president Carles Puigdemont y el resto de exiliados.
Es evidente que todas son cortinas de humo y lo que sucede es solo que aquí nadie quiere correr y esta es una patata que escuece tanto en el Constitucional como en el Supremo
Pero como todas las miradas se han puesto en el Constitucional y se da por bueno el retraso que ha impuesto su presidente, Cándido Conde-Pumpido, es a él a quien se le deben pedir explicaciones. Para los profanos, bueno es que conozcan que su papel fue importante en la elaboración de la amnistía y que Conde-Pumpido —y, a través de él, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero— ha sido el mensajero con Waterloo. La mecánica era muy sencilla: Zapatero explicaba la información que le facilitaba el presidente del Constitucional, generaba unas expectativas con un calendario, y siempre había una excusa para que se demorara. Tanto es así que, al final, los negociadores del exilio vieron el truco y han pasado directamente a responsabilizar a Pumpido y Zapatero de todas las demoras.
En las últimas semanas eso se ha hecho más que evidente, con declaraciones cruzadas de Jordi Turull o el abogado Gonzalo Boye en esa dirección. Declaraciones zafias como la del ministro-tuitero Óscar Puente señalando que lo que tendría que hacer Carles Puigdemont es plantarse directamente en Catalunya tras la sentencia del TJUE no han hecho más que alimentar la idea de que los socialistas preferirían que fuera el Supremo el que tuviera que lidiar con el retorno antes de que se pronunciara el Constitucional. En el fondo, no deja de ser un juego de trileros con Pedro Sánchez moviendo la bolita encima de la mesa a ver quién es capaz de encontrarla. Y todos corriendo en la dirección equivocada para salvar al Constitucional de una decisión que puede adoptar hoy mismo. O en la primera reunión que tengan sus miembros.