El pleno del Tribunal Constitucional se reunirá este mediodía, a las doce y media, para evaluar si tiene que tomar medidas contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a raíz de la votación el miércoles pasado de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.

El Tribunal se reunirá de urgencia en pleno mes de agosto, con la presidenta Forcadell cerrando las maletas para marcharse hacia Etiopía de vacaciones y el líder del PP, Mariano Rajoy, –después de ocho meses de gobernar en funciones– intentando cumplir el encargo del rey Felipe VI de conseguir una mayoría para sacar adelante la investidura.

De hecho, el presidente del grupo parlamentario de JxSí, Jordi Turull, ironizaba ayer, a través de un tuit sobre el hecho de que Rajoy deje abierta la posibilidad de no someterse a la votación de investidura si no tiene garantizada suficiente mayoría, cuando esta posibilidad no está contemplada en la Constitución.

Incomodidad del TC

El Constitucional ha hecho evidente en varias de sus resoluciones la incomodidad que le provoca el hecho de verse obligado a dar respuesta a la tensión política entre el Estado y Catalunya provocada por el debate soberanista. Todavía más después de que la última reforma de la ley orgánica del TC, aprobada el año pasado, lo ha dotado de la capacidad para sancionar a aquellos que no obedezcan sus disposiciones, incluso con la suspensión del cargo.

No obstante, el Gobierno español ha desestimado esta vez pedir al TC la suspensión de Forcadell, a pesar de que, el Abogado del Estado habría previsto esta posibilidad en los informes previos que reclamó el ejecutivo. Lo que sí pidió la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros del viernes fue la apertura de la vía penal contra Forcadell después de asegurar que "ha podido incurrir ya en un delito".

Suspensión inmediata

De hecho, la convocatoria de urgencia del TC responde al incidente de ejecución de la sentencia que presentó el viernes el consejo de ministros, con una petición de medidas cautelares que incluye, entre otros puntos, la suspensión inmediata de la Resolución y la prohibición a la presidenta del Parlament, a la Mesa y al secretario general de la Cámara de convocar los órganos parlamentarios para debatir o votar cualquier iniciativa que pueda dar cumplimiento a la Resolución impugnada.

Procés Constituent

Este choque se produce después de que el miércoles el pleno del Parlament aprobó, a petición de los grupos de JxSí y la CUP, las conclusiones de la comisión de estudio del Procés Constituent.

El TC había advertido al Parlament, y "especialmente a la Mesa", que la comissió del procés es "absolutamente inviable" y que no se podía utilizar como una vía para eludir la suspensión que este Tribunal hizo de la resolución de desconexión del 9N.

En su auto, el Constitucional advertía "a los poderes implicados y a sus titulares, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir estos mandatos".

La Mesa evitó tramitar las conclusiones al pleno y se limitó a tomar nota de los trabajos de la comisión. Dejó que la decisión de incluir este debate se adoptara en el hemiciclo. En el momento en que dos grupos pidieron durante el pleno del miércoles la inclusión del debate en el orden del día, Forcadell se amparó en el hecho de que "el pleno es soberano" para aceptar someter a votación del hemiciclo el debate de este punto.

Apoyo al Parlament

Desde el momento en que el consejo de ministros presentó al TC el incidente de ejecución, tanto desde el Govern como desde las formaciones independentistas se ha reiterado el apoyo al Parlament i a la hoja de ruta. Ayer el diputado y cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, i el presidente de la Assemblea Nacional de Catalunya, Jordi Sánchez, instaron al Parlament a seguir con el mandato del 27S ante lo que describen como un Estado "indecente" que usa al TC como "brazo armado".

"Cuando el Parlament haga el gesto de soberanía estaremos a su lado, y no aceptaremos que ningún tribunal ni ningún gobierno español os diga quien ha de presidir la cámara catalana ni el Govern", ha advertido el presidente de la ANC,