El Tribunal Constitucional (TC) tiene que tomar una decisión muy importante: si se podran investigar o no los crímenes del franquismo. Según explica el digital Público, los magistrados de este tribunal tienen encima de la mesa decidir si los juzgados pueden investigar o no las querellas por los crímenes del franquismo. Estas querellas, interpuestas por víctimas y familiares de represaliados, se han ido presentando en diferentes juzgados y han acabado en sobreseimiento (cuando se suspende un procedimiento judicial por falta de pruebas u otros motivos).

Hasta ahora, el TC avalaba estos sobreseimientos decretados por los juzgados españoles y las audiencias provinciales. Estos tribunales suspendían los procesos judiciales por la vía de denegar la tramitación de los recursos de amparo que presentaban los denunciantes. Según el citado medio, los magistrados de los juzgados y las audiencias se deshacían de los recursos mediante autos de pocas líneas y con pocos argumentos; normalmente se limitaban a indicar que "no apreciaban en los hechos una especial trascendencia constitucional".

Hace meses, y en algunos casos años, que grupos de familiares y víctimas del franquismo esperan que el Tribunal Constitucional decida si admite o no a trámite sus recursos de amparo, y ahora han pedido que se desbloquee la tramitación de sus recursos. Los denunciantes piden al tribunal que active estos procedimientos y que dicte sentencia.

La ley de Memoria Histórica

Este movimiento del Constitucional se produce cuando el Gobierno tramita un proyecto de ley de Memoria que prevé dotar al Tribunal Supremo (TS) de una fiscalía especializada en investigar los crímenes del franquismo.

Los movimientos del Gobierno

Poco a poco el Gobierno empieza a hacer movimientos en esta materia como el anunciado el pasado 2 de abril de destinar 335.000 euros a Catalunya para identificar personas desaparecidas durante la Guerra Civil.

La inversión forma parte de los 3 millones de euros que el Estado ha repartido entre las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática. Concretamente, 2 millones de euros se repartirán para exhumaciones y el millón restante se destinará para actividades de divulgación de los trabajos, de dignificación de los lugares de entierro así como de promoción de lugares de memoria. Con esta inversión, el Gobierno defiende que se reviertan los recortes del anterior gobierno del PP.

La delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, puso en valor "el impulso" del ejecutivo de Pedro Sánchez en lo referente a las políticas de memoria histórica. Y recordó que se está trabajando por una nueva ley de Memoria Democrática que tendrá que ser aprobada en las Cortes.

 

Foto principal: El Valle de los Caídos el día de la exhumación del dictador Francisco Franco / Europa Press

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