El Tribunal Constitucional ha suspendido por unanimidad las conclusiones de la comisión del Procés Constituent que aprobó el Parlament de Catalunya el pasado 27 de julio. Este es el resultado automático de haber admitido a trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy al Alto Tribunal, como se acordó en el Consejo de Ministros del viernes 29 de julio. A su vez, ha advertido personalmente a la presidenta de la cámara, Carmen Forcadell, y al president, Carles Puigdemont, de su eventual responsabilidad, incluso penal, si ignoran la suspensión.

En ese sentido, se requiere a Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlament y al secretario general de la cámara para que, en el plazo de 20 días, informen sobre el cumplimiento de las resoluciones ya adoptadas en diciembre y el pasado 19 de julio. El objetivo es que se abstengan y paralicen cualquier actuación que suponga un incumplimiento de la legalidad constitucional vigente. Es decir, tanto la resolución más reciente como la del 9-N. En caso de que las autoridades catalanas no acataran el TC, las sanciones variarían entre una multa de 3.000 a 33.000 euros y la suspensión de sus funciones.

En cuanto a la resolución 263/11 del 27 de julio, el Gobierno del Estado había pedido al TC su nulidad y suspensión inmediata. Es decir, la votación y aprobación de las conclusiones de la comisión del Procés Constituent. Ahora quedará suspendida, con la admisión a trámite por parte del Alto Tribunal. Lo que el TC todavía debe decidir, previsiblemente en un Pleno en septiembre, es si declara inconstitucional toda la resolución y anula las conclusiones.

Además, el Alto Tribunal también decidirá entonces si emite una comunicación a la Fiscalía General del Estado para que abra la vía penal contra Forcadell. El Gobierno del PP había pedido que estudiara si la presidenta de la cámara "podría haber incurrido ya en un delito" al permitir la votación. Lo dijo la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros. De aplicarse las medidas solicitadas, sería la primera vez que el TC hace uso de las nuevas herramientas -previstas en el artículo 92 de la Ley Orgánica (LOTC) - que la última reforma puso a su disposición para sancionar a quienes no obedezcan sus disposiciones.

El pleno del TC se ha reunido a las 12:33h de este lunes de forma extraordinaria en pleno mes de agosto, aunque no tenía calendario de sesiones previsto. El Constitucional ha hecho evidente en varias de sus resoluciones la incomodidad que le provoca el hecho de verse obligado a dar respuesta a la tensión política entre el Estado y Catalunya, provocada por el debate soberanista.

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