El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes un recurso que presentó la Comunidad de Madrid, encabezada por Isabel Díaz Ayuso, contra el decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno. Una de las medidas más destacadas de esta normativa y que más polvareda ha levantado es que se establece la limitación de la temperatura de la calefacción y del aire acondicionado a 19 y 27 grados, respectivamente. La ponencia de admisión a trámite la ha realizado el magistrado Ramón Sáez.
El Real Decreto-ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, también de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural contempla la obligación de apagar las luces de los escaparates y edificios públicos desocupados a partir de las diez de la noche. También recoge que los edificios y locales tendrán que disponer de cierres automáticos en los accesos con el fin de impedir que queden abiertos de manera permanente.
El mes de septiembre, Ayuso anunció que llevarían la normativa al Tribunal Constitucional porque, afirmaba, Sánchez había presentado el decreto "de manera arbitraria y autoritaria", además de sostener que se había hecho "contra los comercios y otros establecimientos públicos en un momento muy difícil para todos ellos". Para más inri, el ejecutivo madrileño alega que el Gobierno de Pedro Sánchez "invade competencias sin justificación" con este real decreto, especialmente las que hacen referencia a Sanidad y Comercio, "sin que haya razones de urgencia". Según ellos, la normativa es contraria al decreto de Salud y Seguridad al trabajo de 1997, donde se estipula que en aquellas actividades de "trabajo ligero" no se pueden superar los 25 grados.
Nuevo recurso de Ayuso en el TC: ahora, contra el impuesto a las grandes fortunas
Este mismo martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado que su ejecutivo presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto de solidaridad —más conocido como impuesto a las grandes fortunas— cuando el Gobierno presente esta nueva figura fiscal. "Lo redacten como lo redacten este impuesto directamente atacará la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, teniendo en consideración que lo que intenta es volver a instalar el pago de un impuesto que nosotros, dentro de nuestra autonomía, hemos retirado", ha indicado Ayuso.
Esta nueva tasa, según la líder madrileña, es "una broma de mal gusto, no es de solidaridad, porque solidaridad sería bajarse los sueldos, cosa que no ha hecho este Gobierno; reducir los ministerios; bajar el precio de la electricidad, el IVA en los productos esenciales y ayudar a las economías y no estar malgastando en propaganda". "Es mejor que los grandes patrimonios se queden para mover la economía y ayudar a los más vulnerables", ha añadido la presidenta de la Comunidad de Madrid. Según datos de su ejecutivo, el impuesto de solidaridad podría hacer que más de 13.000 personas se marcharan a otros países que no incorporan esta figura impositiva y estiman que podría implicar una pérdida de 5.000 millones de euros de recaudación en concepto de IRPF e IVA en Madrid.