El empresario Florentino Pérez ha recibido del Gobierno de Mariano Rajoy una contundente negativa a rescatar la concesión de las obras del AVE Madrid-Barcelona-París con 485 millones de euros para saldar las deudas con los acreedores. La constructora ACS, la compañía del también presidente del Real Madrid que junto con la francesa Eifagge integra la concesionaria TP Ferro, ha exigido al Gobierno del PP esta inyección de capital para hacer frente a los plazos de pago de la deuda con los acreedores, entre los cuales se encuentran varios bancos.

La concesionaria TP Hierro entró en preconcurso de acreedores el 15 de marzo del 2015. Sin embargo, la conexión ferroviaria no peligrará, según la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, quien ha asegurado este jueves que el servicio estará "garantizado", en cualquier escenario, por previo acuerdo establecido por los gobiernos francés y español.   

El precedente del Castor

La última vez que el Gobierno del PP indemnizó a Pérez, con 1.350 millones de euros, fue a causa del fallo en la construcción del gasoducto Castor, ubicado en costas catalanas y valencianas. Con las elecciones del 26-J a la vuelta de la esquina, la impopularidad de aquel gesto sigue en la memoria del PP, que ahora quiere rectificar públicamente. Según Pastor, el objetivo del Ejecutivo es "dar un servicio" a los ciudadanos, y, por eso, resolverá los problemas que "desgraciadamente ha tenido que sufrir y heredar" del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, quien adjudicó la conexión del AVE en 2006.

Si no se llega a un acuerdo entre empresa concesionaria y bancos, la salida más viable es que se incurra en concurso de acreedores. Según fuentes legales consultadas por El Nacional, en este caso el juez nombra a un economista, el administrador concursal, para que negocie con los bancos el aplazamiento de los pagos. Si éstos aceptan, no hay más estadios. Si no, la administración tendría que intervenir, en virtud de la Responsabilidad Patrimonial (RP) que posee. El Estado asumiría la obra, y abonaría el precio que cuesta, menos la pérdida de valor por los años transcurridos.

El túnel del Pertús

El dinero reclamado por la empresa de Pérez tiene un origen en el Túnel del Pertús, que supone una inversión deficitaria. El tráfico de trenes acostumbra a ser escaso a causa del bajo volumen de tráfico entre Francia y España, así como la reducida circulación de pasajeros y mercancías transportada, hecho que llevó al Gobierno español a permitir el cobro de un peaje para la circulación de trenes, que sin embargo, no fue suficiente.

El objetivo de PT Ferro con el concurso de acreedores que presentó en marzo del 2015 a los juzgados de Girona no fue suspender el servicio, sino conseguir tiempo para refinanciar la deuda con las entidades crediticias.

La amenaza del 30 de junio

La situación interina del Gobierno y los ministerios ha empujado a Pastor a cerrarse también a negociar una posible salida a la situación de esta obra pública, que tiene una concesión por 53 años, cuando antes había sido de 50. En este escenario, las compañías francesa y española han indicado que pedirán la RP, según la cual la obra podría acabar costándole dinero al contribuyente, a través de las arcas públicas. Florentino volvería a ganar otra partida a Rajoy, después de los fiascos del Castor y las autopistas radiales de Madrid.

Fuentes del Gobierno español aseguran que el proceso no culminaría el 30 de junio, fecha en la que hipotéticamente podría quedar suspendido el servicio ferroviario, sino que sería entonces cuando se iniciaría el concurso de acreedores, que podría alargarse 5 o 8 años. Según las fuentes, suspender el servicio comportaría incurrir en un incumplimiento de las obligaciones contractuales del concesionario. Sin embargo, el Estado se haría cargo, si después de todo se llegara al escenario de suspensión del servicio.