La jueza del Juzgado de Instrucción 3 de Madrid que ha imputado a tres excargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso por las muertes en las residencias de mayores durante la pandemia por los “protocolos de la vergüenza” que bloquearon el traslado de residentes con coronavirus a hospitales ha suspendido las declaraciones previstas para este lunes porque los investigados han alegado que no se les había dado traslado de las actuaciones. Son Carlos Mur (director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020, fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del covid-19), Francisco Javier Martínez Peromingo (entonces coordinador del protocolo técnico, era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo cuando fue cesado) y Antonio Burgueño (exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid, fue el encargado de elaborar el plan de choque aprobado por el gobierno de Madrid).
Familiares de las víctimas, convocados por Marea de Residencias, 7291: Verdad y Justicia y la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare), se han concentrado desde las once de la mañana delante de los Juzgados de Plaza de Castilla, donde tenían que celebrarse las declaraciones, para reclamar justicia y reparación. “En esta España, las víctimas y los ciudadanos estamos en el mismo sitio”, se ha limitado a decir Antonio Burgueño frente a los periodistas en su llegada en los juzgados. Y se ha encontrado con familiares de las víctimas. “¿No tiene nada que decir? Esta era mi madre, ustedes colaboraron con matarla. ¿A qué vienen hoy aquí? ¿Qué van a decir? ¿Alguna vez van a decir algo?”, le ha afeado una mujer. “Tenéis que ser valientes y señalar al verdadero culpable”, le ha pedido otra. Y Burgueño ha entrado en los juzgados entre gritos de “¡Vergüenza! ¡Vergüenza!” y “¡Qué digan la verdad!”.
“Estaban citados por auto de 1 de abril. Sin embargo, han planteado una suspensión y han alegado que no se habían dado traslado de las actuaciones. Nosotros tenemos que decir que a nosotros sí nos han dado traslado, las teníamos desde hace tiempo, así que vamos a seguir presentando medios de prueba”, ha relatado a la salida Eduardo Ranz, uno de los abogados de los familiares de las víctimas. Por su parte, Alejandra Jacinto, también abogada y exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, ha añadido que este movimiento ha sido una “estrategia” y una “maniobra dilatoria”.
Una denuncia colectiva de 109 familiares y la petición de la Fiscalía para reabrir el caso
El proceso judicial se ha reabierto a raíz de una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre de 2024 por un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria. La causa se archivó provisionalmente hace casi tres años, pero el Juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrirla el pasado 1 de abril a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid después de la denuncia colectiva de las víctimas. De hecho, en los últimos meses, varios familiares de fallecidos en las residencias de mayores han ido a declarar ante la Fiscalía para relatar lo ocurrido. De momento, Isabel Díaz Ayuso ha evitado pronunciarse y ha lanzado pelotas fuera. “Es un asunto que estaba archivado hace tres años, ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo y es toda la información que tengo”, contestó el viernes, horas después de conocerse la imputación, al ser preguntada por esta cuestión.
La denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, prevista en el artículo 511 del Código Penal, alude al “particular encargado de un servicio público” que “deniega a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad”. Está castigada con penas de prisión de seis meses a dos años, de multa de doce a veinticuatro meses y de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
“Les pedimos que cuenten la verdad y desvelen cuál fue la implicación de Ayuso”
“Estamos convencidas de que la responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo. Por eso, aunque en calidad de investigados no están obligados a decir la verdad, les pedimos que la cuenten y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron un impacto brutal en la vida de muchos residentes”, verbalizaron el viernes Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia en un comunicado conjunto.
El Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid ha sido el primero a aceptar la solicitud de la Fiscalía y reabrir una causa sobreseída previamente. Una decena de juzgados acordaron hasta ahora mantener el archivo dictado en su día, en contra del criterio del Ministerio Público. Además de los procedimientos que surgieron con la denuncia colectiva, hay otros familiares de residentes fallecidos que presentaron sus propias querellas directamente. En total, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas denunciando la denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria.