La sala de apelaciones del Tribunal Supremo se reunirá el próximo lunes 18 de junio a las 10.30h para estudiar los recursos presentados contra los procesamientos del juez Pablo Llarena. La vista se tenía que hacer el 6 de junio pero, cuando las partes ya estaban en la sala, se suspendió porque no se habían cumplido los plazos para tramitar el recurso de Jordi Cuixart.

El tribunal ha fijado ya la nueva fecha para la vista, que se hará a puerta cerrada y con presencia sólo de abogados, fiscalía, VOX y abogacía del Estado (y sin los presos políticos). Esta vista es importante porque, en caso de que los magistrados acuerden confirmar el auto de procesamiento, la ley prevé la suspensión de funciones antes de ir a juicio de aquellos procesados por rebelión y con una prisión preventiva decretada. Eso supondría, pues, dejar fuera del Parlament Raül Romeva, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull.

Los abogados de los procesados por Llarena tendrán que comparecer el lunes a las 10.30h en el Tribunal Supremo. Los magistrados que revisan las decisiones del juez instructor se reúnen para estudiar los recursos de apelación y determinar si los procesamientos de Llarena son correctos o hay que introducir cambios.

El pasado 9 de mayo, el juez instructor, Pablo Llarena, ya rechazó los recursos de reforma (es decir, ante el mismo juez que los ha procesado) de Puigdemont y 22 investigados más. Desde entonces, las defensas de algunos de ellos han presentado recurso de apelación delante de la sala.

En concreto, lo han presentado los abogados de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joan Josep Nuet, Dolors Bassa, Anna Simó, Carme Forcadell, Carles Mundó, Clara Ponsatí y Lluís Puig. En el caso de Jordi Cuixart, planteó un recurso de reforma subsidiario al de apelación.

VOX, que ejerce acusación popular, había presentado recurso para pedir que se procesara Artur Mas y Neus Lloveras (a quien Llarena dejó fuera de la causa) pero se ha retirado porque no se ajusta al derecho porque no se puede recurrir la denegación de un procesamiento.

Suspensiones de los diputados encarcelados

Si la sala rechaza los recursos y confirma los procesamientos, la ley prevé la suspensión de funciones antes de ir a juicio de aquellos procesados por rebelión y con una prisión preventiva decretada. Eso supondría, pues, dejar fuera del Parlament a los diputados encarcelados, que perderían el escaño. Eso está recogido en el artículo 384bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Según los preceptos de este artículo pueden quedar fuera del Parlament los diputados encarcelados Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras, que hasta ahora han podido delegar su voto. Eso obligaría a los partidos independentistas a hacer correr las listas y reemplazar sus escaños.

¿Y Puigdemont y Comín?

Habría que ver qué interpretación hace el Supremo en caso de que confirme el procesamiento de Carles Puigdemont y Antoni Comín. Ambos diputados están procesados por rebelión por el juez Llarena pero no están en prisión preventiva, ya que optaron por el exilio y no se han personado delante del Supremo.

Algunas fuentes jurídicas apuntan que con una orden de detención ya se incluye la entrega a España y el ingreso en la prisión y que, por lo tanto, se puede interpretar que la prisión provisional ya está decretada. Por lo tanto, si los autos de procesamiento acaban siendo firmes, el Supremo tendrá que aclarar si Puigdemont y Comín (que ha renunciado a la delegación del voto) siguen conservando el acta de diputado.

En el caso de Comín, además, el caso todavía es más complejo porque actualmente no pesa sobre él ninguna orden europea de detención después de que la justicia belga rechazara hace dos semanas su extradición. De momento, Llarena no ha reactivado el procedimiento de la euroorden para reclamar la entrega a Espanya de Comín, Puig y Serret. En cambio, en el caso de Puigdemont se sigue tramitando su posible extradición con la justicia alemana.