El Tribunal Supremo ha decidido inadmitir la denuncia presentada por la Fundación Abogados Cristianos contra los ministros Félix Bolaños —de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes— y Ángel Víctor Torres —de Política Territorial y Memoria Democrática—, que apuntaba a un supuesto delito de malversación en la adjudicación de contratos en la empresa pública Tragsa en el Valle de Cuelgamuros. Según ha informado este domingo al alto tribunal, la Sala de lo Penal, en una resolución con ponencia del magistrado Javier Hernández, ha considerado que el relato presentado por la entidad denunciante era "muy confuso" y construido "en términos manifiestamente temerarios, superponiendo fragmentos de informaciones incompletas de diferente índole, mezclados con simples y desnudas insinuaciones sin la más mínima base".
El Tribunal Supremo indica que la denuncia no identifica ningún hecho concreto que implique directamente a los ministros Bolaños y Torres, ni siquiera como posible indicio de responsabilidad penal por malversación. En su resolución, la Sala de lo Penal subraya que el texto presentado no establece ninguna conexión inferencial mínima que permita, ni siquiera de manera hipotética, vincular los hechos descritos con los miembros del gobierno denunciados. En este sentido, los magistrados consideran que el escrito evidencia un "indolente menosprecio por los límites más elementales en el ejercicio de los derechos de acceso a la Justicia", una negligencia que, en opinión del tribunal, resulta especialmente grave cuando lo que se pretende es iniciar un procedimiento penal contra cargos públicos concretos.
Además, el Tribunal Supremo señala que la denuncia revela "una absoluta falta de consideración por la grave función" que la Constitución confiere al alto tribunal en la investigación y, si procede, el juicio de delitos cometidos por personas aforadas. En este sentido, la resolución advierte que el Supremo "no se puede convertir en una especie de órgano destinado a responder a las pretensiones más insólitas y alocadas de criminalización de nuestro sistema político", rechazando así frontalmente la tentativa convertirlo en una herramienta de persecución política.
La denuncia se enmarcaba en las actuaciones del Gobierno en relación con el Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos, espacio que ha sido objeto de varias intervenciones en el marco de la política de memoria democrática. Sin embargo, el Supremo considera que las acusaciones no tienen ninguna base jurídica ni factual que permita vincular a los ministros denunciados con una posible malversación, y rechaza así que se pueda abrir ningún procedimiento penal al respecto.