La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha acordado abrir una investigación al eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, por los mensajes dirigidos a través de Telegram contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de València, Susana Gisbert. La fiscal denunció al líder de la formación populista Se Acabó La Fiesta por los delitos de injurias a funcionario público, coacciones y delito de odio a través de redes sociales, al hacer un llamamiento a asediarla en internet, a través d'X (antes Twitter) y Telegram, y un juzgado de València lo elevó al Supremo por el aforo del polémico político. El instructor de este caso será el magistrado Juan Ramón Berdugo.
En la resolución, comunicada este lunes, el alto tribunal español sostiene que la actuación del denunciado puede responder a las previsiones normativas del tipo penal de acoso, conocido como stalking, "pues su llamamiento al hecho de que un grupo próximo a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión hacia la denunciante, y el hecho que el denunciado insistiera en esta reacción después de que muchos de sus seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención en alterar el normal desarrollo de vida de la fiscal denunciante y su familia, recogiendo en su segundo llamamiento incluso que era consciente que «ahora las perseguidas son ellas» », muestra indiciariamente que pudo existir una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima, a partir de la persecución que pudieran desplegar los centenares de personas que asumieran su reto”.
La llamada populista
En concreto, el día 28 de enero de 2024, Alvise publicó en su chat en Telegram: "Aquí tenéis el organigrama completo con nombre y apellidos de las personas responsables de la persecución ideológica denominada “delitos de odio”. Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en la prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN. Están organizados por ciudades. Busquemos sus identidades. En la imagen, Susana Gisbert Grifo; la responsable en Valencia de haber exigido 3 años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra "inmigración" e "invasión" juntas", añadiéndose a continuación una fotografía de la fiscal.
La policía indicó que la declaración de Alvise en Telegram produjo la reacción inmediata de muchos de los 40.000 seguidores del canal, "quienes efectuaron más de 1.500 comentarios contra la actual fiscal delegada de delitos de odio de Valencia, en gran medida con contenidos insultantes o expresando la voluntad de perseguir o atacar a la fiscal en cualquiera de los lugares que frecuentara, atacar su casa, hacerle la vida imposible o abordar ataques contra ella en presencia de su familia; divulgándose también su perfil de Instagram o el de su hija, además de su perfil de Facebook o Twitter, para que los usuarios pudieran dirigirse a ella" .
En un segundo mensaje, fechado el 1 de febrero de 2024, Alvise incorporaba una fotografía que reflejaba a la fiscal delegada de delitos de odio de Valencia y a otras personas que estaban reunidas con ella, conteniendo el siguiente texto: «Aquí tenéis a Susana Gisbert (la fiscal de delitos de odio) tomándose una caña con Loreto Ochando (la periodista de Público a la que le filtra todo y que ha escrito hoy en el artículo contra nosotros). Son amigas de farra y se hacen favores mutuamente. Las diferencias en esta ocasión es que ahora las perseguidas son ellas».
Por todo ello, el Supremo considera que Alvise no amenazó directamente a la fiscal, pero sí que incitó a hacerlo desde su chat, donde es el único administrador. Además, el Supremo expone que asume la investigación porque Alvise es actualmente eurodiputado, aunque envió los mensajes antes de ser eurodiputado, acta que obtuvo el 16 de julio de 2024.
Tercera causa contra Alvise
Esta es la tercera investigación penal que el alto tribunal español inicia contra Alvise Pérez. El Supremo informó, el abril pasado, de que iniciaba una investigación contra Alvise por los delitos de falsedad en documento privado e injurias en relación con la difusión de una prueba de Covid falsa del actual president de la Generalitat y entonces candidato del PSC, a Salvador Illa, durante la campaña electoral de las elecciones catalanas del 2021. La segunda investigación es por supuesta estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental por haber recibido 100.000 euros por parte del empresario a Álvaro Romillo (también investigado) para las elecciones europeas del 2024.