Equivocarse en la votación de la reforma laboral, con un intento fallido de disfrazarlo de error informático, puede acabar siendo el menor de los quebraderos de cabeza de Alberto Casero. Hoy, la sala de lo penal del Tribunal Supremo ha acordado la apertura de una causa contra el diputado del PP y exmano derecha del secretario general Teodoro García Egea por su etapa de alcalde de Trujillo, en Cáceres. Concretamente el alto tribunal investigará acuerdos y contratos de servicio que habría realizado sin ceñirse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos, después de la exposición elevada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo, que "podrían constituir indiciariamente un delito continuado de prevaricación administrativa". La Fiscalía, además, también ve indicios de malversación.

En su auto, la sala de lo penal del Tribunal Supremo también considera que los hechos recogidos por el juzgado podrían ser constitutivos de delito. Es por eso que, "siendo necesaria la investigación de estas actuaciones" y siendo el diputado del PP en el Congreso aforado, asume la competencia y acuerda la apertura del procedimiento, que será instruido por el magistrado Andrés Palomo del Arco.

La causa deriva de una denuncia de la Fiscalía sobre varios contratos, acuerdos o convenios que concertó Alberto Casero con terceros en su condición de alcalde de Trujillo los años 2017 y 2018. Según el auto del Supremo, hay "indicios sólidos que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, comprometiendo el pago de varias cantidades, sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios". Así se desprende de la prueba documental y testifical que incluye el juzgado en su documento.

Concretamente, en marzo del 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar contrato, sin expediente de contratación, sin informe y sin aprobación del gasto. En septiembre del mismo año, firmó un contrato de 25.000 euros con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España, también sin aprobación previa, ni información pública, ni publicación en el BOE. Aquel mismo año habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento de la Asociación Cultural Buen Vivant, sin seguir ningún procedimiento ni informar al Ayuntamiento. Con la misma entidad firmó otro contrato de patrocinio en junio de 2018, aportando también 18.000 euros de forma opaca. La exposición del juzgado recoge dos contratos más en el 2018: 14.303 euros con la empresa Icaro Comunicación, sin seguir el procedimiento adecuado, y más de 15.000 euros con Radio Interior SL para la promoción de la Feria del Queso de Truijillo acogiéndose al procedimiento de contrato menor cuando tendría que haber sido licitado en procedimiento abierto.