El Tribunal Supremo sostiene que la obra para sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos no necesita licencia municipal de obras y ha desestimado el recurso de los nietos contra la exhumación del dictador.

Además, el magistrados de la sección cuarta de la sala contenciosa-administrativa del Supremo han avalado el traslado al cementerio de El Pardo-Mingorrubio, en El Pardo, en contra del deseo de la familia de hacerlo en la cripta de la Catedral de la Almudena.

A la sentencia, publicada este lunes, los jueces afirman que "no es una obra mayor" y que, al haber sido acordada por el Consejo de Ministros, no hace falta el aval del Ayuntamiento de El Escorial.

Así pues, el alto tribunal da luz verde a la exhumación y marca el camino para que el titular del juzgado contencioso-administrativo 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, retire la suspensión cautelar de la licencia de obras para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

Además, los seis magistrados argumentan que el decreto del Gobierno es constitucional y no vulnera los derechos de la familia del dictador, como el de escoger el lugar de destino de los restos. Este, argumenta el tribunal, no es un derecho absoluto y "puede ser limitado por razones de interés público".

La Fundación Franco "duda de la imparcialidad" del Supremo

La Fundación Francisco Franco ha acusado el Tribunal Supremo de provocar "una tremenda indefensión y duda de imparcialidad" por haber rechazado el recurso de los nietos del dictador, sin haber facilitado previamente la sentencia a la familia.

En un comunicado, al cual ha tenido acceso Efe, la Fundación critica "que la prensa y las autoridades políticas se hayan hacer eco que el Tribunal Supremo haya dado luz verde en el gobierno por la exhumación de Franco".

En el documento también aseguran que el ejecutivo ha vulnerado el derecho de la UE y la Convención Europea de Derechos Humanos, al vulnerar el derecho al respecto a la vida privada y familiar, a la libertad de pensamiento y de religión y a la prohibición de discriminación.

Además, la Fundación solicita al Supremo que eleve esta cuestión al Tribunal Constitucional. En el escrito, aseguran que ha habido una "importantísima extralimitación del Poder Ejecutivo" al haberse saltado los trámites previstos.

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