El Tribunal Supremo ha citado a declarar el próximo 15 de junio al exalcalde de Altafulla y actual diputado de los Comuns en el Congreso, Fèlix Alonso, en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa. La causa está relacionada con la adjudicación directa de contratos a las empresas Milà Advocats SLP y Sinergia Energia Dret i Medi Ambient SLP durante su etapa al frente del Ayuntamiento, entre los años 2011 y 2019.
El mismo día también deberán declarar doce testigos, entre los que se encuentran el actual conseller Joan Ignasi Elena, el exconseller Salvador Milà y el exlíder de ICV Joan Herrera. Los tres figuran como investigados por el mismo caso en otros órganos judiciales. La lista de testigos incluye también a dos agentes de los Mossos d'Esquadra y dos miembros de la Oficina Antifraude de Catalunya.
El procedimiento se inició en el juzgado de El Vendrell, pero se ha dividido por la condición de aforados de algunos de los investigados. La parte que afecta a Alonso se ha derivado al Tribunal Supremo, porque es diputado en el Congreso, mientras que la que afecta a Elena se ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, ya que es diputado en el Parlament.
Contratos menores
En el auto con el que abrió causa contra Alonso, el Supremo apuntaba que el exalcalde, "presumiblemente para dar apariencia de legalidad y sabiendo que no lo era", habría mantenido una dinámica de contratación mediante contratos menores que "eludía los requisitos de publicidad, permitía la adjudicación directa y posibilitaba una elección arbitraria del adjudicatario". El alto tribunal concluía que "podemos considerar que hay indicios que apuntan a los elementos de un presumible delito de prevaricación administrativa", por un "fraccionamiento de contratos". El Supremo también dejaba abierta la puerta a investigar otros posibles delitos, en función de cómo avance la instrucción, porque "aquella irregular manera de contratar ha ido acompañada de una dinámica de facturación para hacer pago de los servicios".
Según la resolución, Alonso habría mantenido diversas relaciones con Sinergia Energia Dret sin seguir la normativa de contratación y sin que constaran informes o expedientes que lo justificaran. Una de estas relaciones habría sido para la redacción de los pliegos de contratación del casal La Violeta de Altafulla, por unos honorarios de 5.000 euros. De acuerdo con el secretario municipal, "no consta ningún expediente relacionado con el tema", aunque sí consta una factura pagada en octubre de 2018 por este concepto.
El auto también recoge un contrato menor por asesoramiento jurídico, adjudicado directamente y con facturación mensual durante un año, a partir de octubre de 2017. Según el tribunal, “la cantidad era de 1.300 euros más IVA, y se emitieron trece facturas”, a las que se habrían añadido nueve facturas más fuera de contrato, dos de las cuales no se pagaron. Las siete restantes tenían “un informe de fiscalización disconforme”. En total, las veinte facturas habrían sumado 25.046,67 euros, más 5.259,80 euros de IVA.