El Tribunal Supremo ha decidido archivar una investigación penal sobre la gestión del president Carles Puigdemont cuando fue alcalde de Girona. Se trata de una transferencia en la decisión de fondo del canon municipal de agua para comprar una colección de obras de arte para el consistorio entre 2013 y 2014. El escrito del Supremo es meridiano: "No resulta apreciable la existencia de un artificio para defraudar al Ayuntamiento de Girona ni ve delito de falsedad".
Los jueces no ven delito, en todo caso una infracción administrativa. "Resultando cierta la ilegalidad administrativa por haberse utilizado el canon del agua sin respetar sus límites finalísticos y presupuestarios, no puede entenderse que la resolución dictada lo haya sido por órgano incompetente, ni que se haya prescindido de las normas esenciales del procedimiento, ni que sea consecuencia de la comisión de una infracción penal o expresión de la misma, máxime si se tiene en cuenta que la desviación de finalidad pública hoy constituye sin más un ilícito administrativo", señala el auto.
Todo empieza en el juzgado de Girona
Los hechos se remontan a la acusación de un juzgado de Girona contra Puigdemont por suscribir los acuerdos de compraventa de la colección de arte del Fondo Santos Torroella para el Ayuntamiento y "decantar la operación con su voto de calidad en el pleno municipal para pagar el primer millón de euros mediante una transferencia de fondos obtenidos por los contratos de concesión de la gestión del canon del agua, que estaban afectos a los gastos del ciclo del agua".
Esta es la causa que investigaba el Supremo. Los hechos venían promovidos por la Fiscalía Anticorrupción, que inició esta investigación el año 2017 a raíz de un informe de la Intervención General del Estado que apuntaba a irregularidades en la gestión de Agissa.
Precedentes a favor de Puigdemont
No obstante, hay que recordar que la Fiscalía del Tribunal Supremo ya había dado la razón al president en el exilio, Carles Puigdemont, y defendía que no habría cometido ninguna irregularidad en su gestión de Aguas de Girona cuando era alcalde de esta localidad. El documento del ministerio fiscal argumentaba que no aprecian ni un delito de prevaricación, ni de malversación de dinero público, ni fraude a la Administración ni falsedad.
Por su parte, la jueza pedía imputar a Puigdemont por diseñar "una operación para ocultar" que el consistorio había adquirido esta colección de arte mediante el dinero recaudado por el establecimiento del llamado "canon inicial" en la concesión del servicio público del agua.