"Nada es fácil en el Congreso esta legislatura", admite el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. El dirigente de la formación fundada por Yolanda Díaz asegura que "se avanza" con Junts para conseguir "lo antes posible" su apoyo —necesario, dada la minoría parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez— para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una medida estrella del Ministerio de Trabajo de Díaz que los de Carles Puigdemont ya contribuyeron a retardar este julio reafirmando su 'no' junto con PP y Vox. Ahora, desde Sumar abren la puerta a la posibilidad de que la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz vuelva a viajar a Bélgica a reunirse en persona con Puigdemont para "acabar de convencerle", según ha avanzado este domingo Urtasun en una entrevista para Europa Press. No sería el primer viaje de la dirigente izquierdista para ver al líder de Junts, puesto que ya lo hizo en septiembre de 2023 para abordar el apoyo de la formación posconvergente a la investidura de Sánchez, siendo la primera representante del Ejecutivo español que se reunía públicamente con Puigdemont desde su exilio en 2017 tras los hechos del procés.
Urtasun ha señalado ahora que a lo largo del verano ha habido contactos con Junts para abordar la cuestión y cree que van dando sus frutos, por lo que confía en que "lo antes posible" se alcance un acuerdo que permita celebrar el debate de totalidad en el Congreso para que la reducción de la jornada laboral arranque su tramitación parlamentaria. El Gobierno de coalición barajó celebrar ese primer debate en el último pleno antes del paréntesis estival, pero finalmente se renunció a dicha posibilidad al no tener garantizado el imprescindible apoyo de los siete diputados de Junts. Los de Puigdemont, al igual que el PP y Vox, tiene presentada una enmienda para que se devuelva el proyecto de ley al departamento de Yolanda Díaz. "Seguimos hablando con Junts de forma intensa. El Ministerio de Trabajo, que es quien pilota estas negociaciones, ha seguido en contacto, y nosotros estamos convencidos de que lo vamos a conseguir", ha valorado el ministro y portavoz de Sumar.
Pese a que Díaz ha reiterado en diversas ocasiones que hay margen de negociación y que las conversaciones con Junts avanzan, este junio tuvo que abortar la misión y postergar la tramitación parlamentaria de la reducción de la jornada laboral por el rechazo de los juntaires. Los de Carles Puigdemont alegan que la medida perjudicará a las pymes y a los autónomos, principal cuerpo de que conforma el tejido industrial catalán, y argumentan que puede implicar la destrucción de puestos de trabajo, especialmente en sectores como el de los servicios o el agroalimentario. El frenazo a la medida fue celebrado por parte de la patronal Foment del Treball, cuyo presidente, Josep Sánchez Llibre, alabó de Junts el "ejercicio de coherencia" y el "haber sabido resistir todas las presiones". Asimismo, los sindicatos CCOO y UGT, que se han movilizado este verano a favor de la medida y se reunieron con Puigdemont en diciembre, lo lamentaron como un "fracaso" del Gobierno.
La reunión de 2023, un cambio de paradigma
En caso de que finalmente la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo vuelva a reunirse con Puigdemont en Bélgica, sería la segunda visita tras la que ya hizo el 4 de septiembre de 2023. Puigdemont entonces era eurodiputado de Junts y se reunieron en la sede del Parlamento Europeo, junto con Jaume Asens y Toni Comín. Era la primera reunión pública de un miembro de Ejecutivo español desde que el líder juntaire se exilió en Waterloo en 2017 por los hechos del procés. Díaz fue a abordar el apoyo de los juntaires a la investidura de Pedro Sánchez, para lo que Puigdemont reclamó la amnistía que ya se ha aprobado —aunque el Tribunal Supremo no se la ha aplicado— y una autodeterminación que luego se diluyó. Díaz y Puigdemont acordaron una relación "normalizada y estable" y explorar "soluciones democráticas al conflicto político", y desde entonces la vicepresidenta asegura que habla recurrentemente con el líder independentista catalán. La Moncloa se desvinculó de la reunión y desde la rama del PSOE del Gobierno aseveraron que Díaz iba en nombre de Sumar y no del Ejecutivo. La reunión también casi cuesta un frente judicial a Díaz, puesto que entidades como Societat Civil Catalana y otros particulares presentaron denuncias y querellas por supuestos delitos de omisión del deber de perseguir delitos de los funcionarios públicos, desobediencia, encubrimiento, ultraje, malversación de fondos públicos, tradición y contra la paz y la independencia del Estado español. Todas ellas fueron inadmitidas por el Supremo.